Campeche, Camp.

El titular de Salud y el administrador general durante el gobierno que encabezó Fernando Ortega Bernés –actual embajador en Paraguay–, acusados de malversar más de 600 millones de pesos, recuperaron la libertad provisional luego de que un juez federal les concedió un amparo.

ACT y MRDR estuvieron nueve meses en el penal de San Francisco Kobén, hasta que el juez segundo de distrito redujo de cinco a dos las acusaciones: omisión de pagos a Hacienda y el desvío de más de 12 millones de pesos de programas federales.

El titular de la fiscalía general, Juan Manuel Herrera Campos, afirmó que se solicitará el recurso de revisión por ambos amparos, y destacó que el juez federal consideró que la medida cautelar de prisión preventiva era muy amplia para este asunto y les concedió la libertad.

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas declaró que los ex funcionarios no fueron absueltos de los delitos, por lo que seguirán el proceso penal en libertad, pero no se permitirá, si hubo ilícitos, que queden impunes.

Los dos ex servidores públicos fueron detenidos el 9 de mayo de 2016 acusados de retener y no pagar 616 millones 239 pesos con 61 centavos de impuesto sobre la renta de los trabajadores de Indesalud.

Fueron vinculados a proceso por uso indebido de atribuciones y facultades en pandilla, así como ejercicio indebido del servicio público. La juez de control, Ana Concepción Gutiérrez Pereira, decretó prisión preventiva por seis meses.

El 28 de octubre de 2016 el juez segundo de distrito les concedió un amparo contra la prisión preventiva y la vinculación por ejercicio indebido de servicio público, y se les procesó sólo por uso indebido de atribuciones y facultades en pandilla. No recobraron su libertad debido a que el 19 de septiembre de ese año la fiscalía inició una segunda investigación por el desvío de 51 millones 230 mil 213 pesos, de los que restaron por saldar 12 millones 436 mil 242 pesos.

En esa ocasión el juez de control Pedro Brito Pérez los vinculó a proceso con prisión preventiva por uso indebido de atribuciones y facultades, peculado y ejercicio indebido del servicio público.

El pasado jueves el juzgado de distrito falló en su favor tras la solicitud de amparo, por la medida cautelar y desechó los cargos de peculado y ejercicio indebido de servicio público.