La casi obsolescencia de la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, encargada de implementar las solicitudes de juicio político contra funcionarios de los tres ámbitos de gobierno, recibió ayer un golpe del Poder Judicial, que la apercibió por no atender al objeto para el cual fue creada, imponiéndole multas a los legisladores que la integran por un monto de 8 mil pesos a cada uno.

La citada subcomisión mantiene archivadas por lo menos medio centenar de solicitudes de juicio político desde hace cuatro legislaturas (12 años), y debido a que los funcionarios que eran señalados de actos reprochables y corruptos dejaron de serlo o ya murieron, decenas ya no procedieron.

Ayer, durante la sesión ordinaria en San Lázaro, el panista Jorge Triana develó el apercibimiento a la subcomisión, que debe ser convocada por las comisiones de Gobernación y Justicia para sesionar. Mercedes Guillén Vicente (PRI), su compañero de bancada Álvaro Ibarra Hinojosa, presidentes de las respectivas comisiones, por omisión han propiciado la inacción del citado grupo de trabajo.

El panista expuso la anomalía reditada durante años: “Ha llegado a la Cámara de Diputados y se nos ha notificado a los integrantes de la Subcomisión de Examen Previo que el juzgado décimo segundo en materia administrativa en la Ciudad de México nos apercibe por inacción, debido a que no ha sido convocada para analizar los expedientes que se tienen acumulados desde hace cuatro legislaturas.

Ha sido apercibida por segunda ocasión. Incluso se nos indica que si en determinado plazo sigue esta inacción, esta omisión, esta inactividad seremos multados con el doble. El problema no es la multa, el problema es la imagen. Los presidentes de las comisiones de Gobernación y Justicia, que deben ser los que convocan, no han hecho su trabajo.