Frente al crecimiento de la trata de personas, las respuestas que ha ofrecido la Procuraduría General de la República (PGR) han sido ineficaces e insuficientes: sólo una de cada 10 averiguaciones realizadas en 2015 fue consignada; no se dio seguimiento a los procesos penales en marcha; la coordinación con otros organismos involucrados fue casi nula; no favoreció la armonización legislativa en los estados, y el sistema estadístico, como instrumento para acciones de inteligencia, no se ha construido.

Estas son algunas de las conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión sobre el desempeño de la PGR en la prevención y combate a la trata de personas en México.

Respecto de la prevención, a 2015 la PGR no participó con la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en la elaboración y ejecución de estrategias que contribuyeran a prevenir este delito; en la actualización de los datos de la incidencia delictiva, y en la formación, actualización, capacitación y profesionalización del personal.

Entre 2013 y 2015, las averiguaciones previas por este delito aumentaron 51.4 por ciento en promedio anual. Sin embargo, la PGR no acreditó el cumplimiento de las acciones de coordinación con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para la actualización de la incidencia delictiva en el país en materia de trata de personas, lo que implica que para la implementación de la política pública no dispone de información suficiente que permita la toma de decisiones.

Al evaluar el desempeño de la PGR para enfrentar la trata de personas –delito que genera ganancias anuales en el mundo de entre 32 mil y 36 mil millones de dólares– la ASF subrayó que, como integrante de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas no participó en la elaboración de programas de prevención del delito para que con base en ello elabore dichos programas y los ejecute para fortalecer la denuncia ciudadana y la solidaridad social, a fin de disminuirlo.

Por otro lado, en una auditoría de desempeño de la Comisión Especial de Atención a Víctimas, la ASF subrayó que no se implementó el Modelo Integral de Atención a Víctimas y se desconoció a las dependencias y entidades que lo adoptaron para su operación, a fin de contar con una atención homologada en el país; que el Registro Nacional de Víctimas presenta deficiencias en cuanto a la transferencia de información que las entidades federativas deberían proporcionar, ya que no se han suscrito los convenios con 25 estados para tal fin.

A su vez, la PGR no programó acciones de capacitación en materia de trata de personas, ni acreditó la elaboración de estudios previos orientados al establecimiento de un programa maestro de capacitación y profesionalización.

Finalmente, la PGR no creó un sistema de información estadística y de análisis para la generación de productos de inteligencia encaminados a desalentar conductas ilícitas.