os recientes 12 años han sido los más críticos para la monarquía española desde que en 1969 el dictador Francisco Franco designó como su sucesor en la jefatura de Estado a Juan Carlos de Borbón. Y sobran razones, porque en lo que va de este nuevo siglo la figura de la monarquía ha sufrido enorme desgaste.

Todo comenzó en 2005, al divulgarse los negocios que, a la sombra del poder que daba ser el yerno preferido del rey Juan Carlos, realizaba el que fue un deportista popular y de buena presencia física: Iñaki Urdangarin. En unos cuantos años, y a través de un instituto, el Nóos, presuntamente sin fines de lucro, se hizo de contratos que le dejaron ganancias millonarias en euros. De la directiva de tal institución formaba parte su esposa, la infanta Cristina. Denunciado el caso ante la justicia, ésta descubrió las formas utilizadas por el yerno a través de Nóos para hacerse de dinero público.

A este desgaste se sumó en 2012 la fractura de la cadera que sufrió el rey cuando estaba en África cazando elefantes. Lo acompañaba su novia del momento. El viaje lo financió uno de sus amigos árabes, muy rico. Los medios aprovecharon el caso para exhibir otras infidelidades del monarca y la virtual separación de su esposa, la reina Sofía. Igualmente se puso en duda el origen de su cuantiosa fortuna.

No tuvo entonces Juan Carlos otra alternativa que ceder la corona a su hijo Felipe, quien carga desde 2014 con el desprestigio que rodea a la monarquía y, de paso, los escándalos de corrupción protagonizados por relevantes figuras del Partido Popular, que incluyen al presidente Mariano Rajoy.

Pero el cambio de monarca no sigificó el fin del juicio contra Urdangarin y su esposa por diversos delitos, entre ellos evasión fiscal. Aunque a ambos se les retiraron los títulos nobiliarios y fueron marginados de los actos oficiales, la infanta siguió protegida salarialmente con cargos en trasnacionales españolas.

Lo que no pudo evitar fue presentarse ante la instancia judicial que la acusaba como corresponsable de los negocios hechos por su esposo a través del Instituto Nóos. Por primera vez un integrante de la monarquía fue obligado a sentarse en el banquillo de los acusados. Allí, Cristina dijo estar convencida de la inocencia de su marido y desconocer los malos manejos en Nóos y que la culpa de lo que pasó era de otros. Sin embargo, tuvo que pagar casi 700 mil dólares por ser presunta beneficiaria de la evasión fiscal de su esposo.

Hace una semana, finalmente se dictó sentencia: Cristina, inocente. A Iñaki, 6 años y 3 meses de cárcel, pero no ingresará a ella. Lo dejan en libertad provisional. Se irá a vivir a Suiza con la infanta. Se cumplió así lo que la mayoría de los españoles creyó siempre: la justicia es ciega, pero no con los integrantes de la monarquía.