o pasaron desapercibidos los señalamientos al dirigente del partido Morena por parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), en una carta abierta, en la que rechazó la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de suscribir compromisos para lograr mayor inversión de las empresas mineras canadienses en México, con salarios justos y cuidado del medio ambiente, inscrita en un decálogo para contrarrestar las políticas de Donald Trump.

Rema aclara que no tiene vínculos con ningún partido político, y que su posicionamiento obedece a la necesidad de externar su preocupación profunda ante el hecho de que “la clase política del país sigue sorda y muda ante las recurrentes denuncias que la sociedad, y, en especial, la Rema, ha realizado contra las empresas mineras que trabajan en México y en Latinoamérica. […] El minero es de los procesos extractivos que mayor emisión de contaminantes tóxicos emite tanto al agua, a los sedimentos y al aire, y esta contaminación es prácticamente irreversible. El modelo se sustenta en el ánimo de obtener la mayor ganancia posible, y es precursor de la destrucción de los derechos laborales, porque fue el primero en promover-adoptar el ataque contra el sindicalismo tradicional, enarbola y fomenta la aparición de sindicatos blancos, para luego confrontar a los trabajadores en la misma mina y, por si fuera poco, cada vez más utiliza el outsourcing como su principal medio para la contratación de trabajadores […] Su interés en promover la inversión canadiense deja mucho que desear, no sólo porque las mineras canadienses concentran 70% de los proyectos de esta industria en nuestro país, sino porque es justo en Canadá donde se gestó el actual modelo extractivo minero depredador […] Canadá no reconoce ni respeta el derecho de los pueblos al consentimiento previo, libre e informado, pues no es signatario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y demoró cuatro años para firmar la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas […] hay cientos de experiencias de lo que aquí manifestamos. No estamos elucubrando; el modelo extractivo minero es depredador y no basta con mejorarlo, atenuarlo o reglamentarlo mejor, puesto que ello es imposible. Hoy la extracción minera es el sistema técnico y tecnológico más depredador del planeta. Desde nuestra humilde contribución a su decálogo, le decimos que esa inversión hay que desterrarla del país.” (Véase la página http://www.remamx.org/ ).

Como se ha evidenciado con frecuencia en La Jornada a través de artículos de opinión, editoriales y números especiales (http://www.jornada.unam.mx/2015/ 07/27/ecologica.pdf ), las corporaciones mineras prometen empleos, servicios públicos, proyectos productivos y respeto al medio ambiente, pero es un hecho que históricamente estas empresas han dejado una estela de muerte, empobrecimiento, daños irreversibles al medio ambiente y afectación a la salud, polarización y división social en las comunidades. La megaminería tóxica es especialmente lesiva y contraria al espíritu y letra de los artículos 2 y 27 constitucionales, ya que las distintas leyes secundarias otorgan a la exploración, explotación y beneficio de los minerales el carácter de utilidad pública y preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, y dan facilidades extraordinarias a los particulares para acceder a las tierras que amparan las concesiones, transformando a ejidatarios y comuneros en la condición inédita de superficiarios, fuera de todo criterio o marco legal. Estos privilegios para corporaciones, en su mayoría extranjeras, que ya poseen concesiones de 35% del territorio nacional, constituyen una ruptura del pacto constitucional que resulta de la Revolución Mexicana de 1910-1917, y una prueba más de la traición nacional de la cúpula gobernante.

En el ámbito mundial, los datos empíricos demuestran que las compañías mineras dejan una secuela de millones de toneladas de tierra y rocas removidas en extensas áreas de operación, con la consecuente destrucción del hábitat y deterioro del entorno social: contaminan ríos, mantos freáticos, presas y drenajes con sustancias sumamente tóxicas; acaparan el agua; explotan a sus trabajadores y los exponen a condiciones de riesgo extremo; apoyan a regímenes antidemocráticos –como el de México–, contratan incluso sicarios y grupos paramilitares para enfrentar a sus opositores y organizan poderosos grupos de presión (llamados con el eufemismo anglicista de lobbies) que actúan en los parlamentos sobornando, comprando conciencias, hasta de congresistas de la izquierda institucionalizada, para que apoyen directa o indirectamente sus negocios en el país. Todo ello, a cambio de los escasísimos ingresos que reciben los pobladores de los territorios explotados (1.3 a 2.9 por ciento, entre rentas y apoyos, cuando los reciben), cuando llegan a ser presionados para otorgar los permisos con engaños, por la necesidad imperante y la corrupción de líderes o caciques que se prestan para servir de amanuenses nativos de las corporaciones.

La única defensa frente a la amenaza minera es la organización, movilización y fortalecimiento de la autonomía de las comunidades indígenas-campesinas afectadas, y de los movimientos sociales que desde abajo defiendan la soberanía popular. La ignorancia y la desinformación en todo México respecto a la multiplicidad y severidad de los daños que implica la megaminería tóxica, sea entre campesinos en asambleas, entre profesionistas y académicos, entre legisladores, jueces, funcionarios y líderes políticos tiene consecuencias muy graves para nuestro país y sus territorios. Y no hay que esperar algún tipo de defensa o protección del gobierno mexicano que cada día que pasa pierde más credibilidad y dignidad. Rompiendo récords en cuanto a apertura a la inversión extranjera, México es tal vez el país en el mundo donde es más fácil obtener una concesión para este tipo de explotación minera, y su gobierno inclusive dota a las empresas de créditos favorables y de otros numerosos apoyos.

En este tema, como en otros muchos, es preciso escuchar a los pueblos.