Los gobernadores del país, especialmente los de entidades petroleras, solicitaron a funcionarios federales un plan específico de participación en las inversiones del sector energético como alternativa para resarcir los daños vinculados al propio cambio estructural en este ámbito y de los aumentos a los precios de los combustibles, entre otros aspectos.

Según información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se han licitado 38 contratos de exploración y extracción en favor de 42 empresas. La Secretaría de Energía calcula inversiones de más de 70 mil millones de pesos a largo plazo.

La información anterior fue citada por el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, coordinador de la Comisión de Energía de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), durante un encuentro privado de varias horas con altos funcionarios de las secretarías de Hacienda y de Energía, así como de la Comisión Federal de Electricidad y Comisión Reguladora de Energía .

No queremos ser espectadores

El mandatario estatal dijo que si bien los gobernadores entienden que la reforma energética será determinante en el desarrollo del país, nos queda claro también que, como gobiernos locales o nos subimos al tren de la reforma energética aprovechando las potencialidades de la inversión privada en la materia o nos quedaremos permanentemente rezagados de sus beneficios a corto, mediano y largo plazo.

El desarrollo de varias entidades, incluyendo Campeche, estaba ligado a la industria pública petrolera y, ante los cambios, perdió alrededor de 30 mil empleos, mismos que esperan recuperar con diversas políticas públicas y la participación, como proveedores, en las inversiones privadas del sector energético.

“Solicitamos atenta pero enérgicamente que se nos considere desde la gestación de los proyectos y no cuando ya se complicó la obtención de la licencia social, derechos de vía y convencimiento a las comunidades (…) No queremos ser espectadores sólo del tránsito de energéticos de nuestros estados”, advirtió.

La Conago emitió ayer un pronunciamiento, un decálogo para apoyar al gobierno federal en materia energética, pero también en el que pide seguridad en el suministro. Además plantea liberación de precios de los energéticos, temporadas abiertas de capacidad de almacenamiento y transporte, nueva infraestructura, contratos de exploración y extracción, desarrollo de proveedores, energías limpias y proyectos en zonas económicas especiales, entre otros puntos.