En México está pendiente la aplicación de las leyes contra la trata de personas y la persecución de quienes cometen ese delito, expuso Antonio Mazzitelli, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Durante el segundo foro organizado en la Cámara de Diputados, tendente a elaborar el dictamen de ley de trata, el representante de la ONU señaló que se ha descubierto en México una nueva modalidad de trata, pues en la industria pesquera, el crimen organizado recluta personas para desempeñar trabajos en barcos contra su voluntad y sin remuneración.

Crimen nacional y trasnacional

Mazzitelli refirió que a pesar de que se enjuicia gran cantidad de casos, son pocos los que se condenan, y de éstos un número reducido ataca a las cadenas de tratantes.

Señaló que dicho delito no es un crimen trasnacional exclusivamente; al contrario, los circuitos de explotación nacional se cruzan con organizaciones mafiosas mundiales, pues 42 por ciento de las víctimas no son de bandas internacionales, sino locales.

En este caso, precisó, la mayoría de los tratantes son hombres, pero 37 por ciento de los enjuiciados por este delito son mujeres, quienes son acusadas por fomentar la esclavitud doméstica.

Especificó que la trata de personas es mucho más que la explotación sexual, pues el matrimonio forzado, la remoción de órganos y el entrenamiento de niños con fines bélicos son considerados una variante de este fenómeno.

Por su parte, el procurador de la Ciudad de México, Rodolfo Ruiz, informó que en la presente administración de la capital del país se han desarticulado 66 bandas de tratantes y se ha condenado a 270 responsables de ese acto delictivo.

El combate a la trata de personas ha arrojado 769 operativos que han derivado en la puesta a disposición de 531 personas ante las autoridades jurisdiccionales. Y en los últimos cuatro años se ha liberado a mil 368 víctimas del sexo femenino, de las cuales 8 por ciento provenían del extranjero; han recibido atención integral en los refugios, donde se les brinda seguridad y confidencialidad, con lo que se les garantiza el acceso a la justicia y la restitución de sus derechos.