La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no es lo más deseable, por lo que la ley de seguridad interior debe definir que su presencia en esas labores sea temporal, que gradualmente militares y marinos regresen a sus cuarteles y que por ninguna circunstancia realicen acciones en la prevención e investigación de los delitos.

Alerto el el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, al inaugurar ayer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el foro Seguridad interior, seguridad pública y derechos humanos: análisis de las iniciativas de ley de seguridad interior.

Indicó que independientemente de los resultados concretos que en 10 años ha tenido la decisión de sacar a Ejército y Marina a las calles en la lucha contra la delincuencia organizada –decretada por Felipe Calderón y seguida por Enrique Peña Nieto–, esa medida ha tenido como efecto que se presenten violaciones a las garantías fundamentales de las personas por algunas autoridades que se apartaron del cabal y debido cumplimiento de su deber, así como que se generen condiciones que propician que se puedan cometer las mismas.

Para el ombudsman nacional, un marco normativo al respecto no implica, en sí mismo, la solución a la compleja problemática de inseguridad y violencia que enfrenta México. Para ello, enfatizó, debe emprenderse una estrategia integral, preventiva y no reactiva, que se ocupe de los factores que propician los delitos, así como del desarrollo de capacidades y recursos para su persecución y combate, con pleno respeto a los derechos humanos.

El foro se realizó en el contexto de las discusiones en el Poder Legislativo sobre la ley de seguridad interior, donde una de las propuestas (la del PRI) propone regular la intervención de las fuerzas armadas en estos operativos. La iniciativa ha sido criticada por diversos sectores políticos y sociales, que han advertido que constituye un riesgo a las garantías de los ciudadanos.

El presidente de la CNDH presentó un decálogo para que los legisladores puedan tomarlo en consideración: evitar que las fuerzas armadas participen en la prevención e investigación de los delitos; no asumir, por ningún supuesto, que su intervención en tareas de seguridad pueda ser permanente. La ley, en su caso, debe establecer las bases para el retorno gradual y verificable (de las fuerzas armadas) a las tareas que les son propias.

Otro punto es que la norma contemple de manera integral todos los aspectos que involucra la participación de esas fuerzas en labores de seguridad, como protocolos para uso de la fuerza e interacción con población civil, conforme a estándares internacionales y con respeto a los derechos humanos, aun cuando esta participación sea de carácter temporal.

Planteó la necesidad de reconocer y respetar la dignidad de las personas, preservar la vigencia constitucional del esquema de competencias y atribuciones en materia de seguridad pública e interior, así como sobre la defensa exterior de la Federación.

Asimismo, preservar el respeto al principio de legalidad que todo acto de autoridad debe revestir, en particular cuando se involucren actos de molestia o incluso privativos que pudieran sufrir las personas; prevenir que se afecte o se propicie la afectación del legítimo ejercicio de otros derechos fundamentales, como a la libertad de expresión y manifestación, entre otros.