Buenos Aires.

Mientras el presidente derechista Mauricio Macri presentaba en España, donde se encuentra en visita oficial, una visión idílica de su gestión gubernamental que lleva catorce meses, surgen nuevas denuncias contra el mandatario argentino y varios de sus ministros, se agudiza la grave situación social con miles de despidos, cierre de fábricas, industrias y comercios, y un nuevo escándalo se escenificó en estas horas al conocerse la asignación de frecuencias para entregar 4G (sigla de la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil) al Grupo Clarín , sin que éste pague un solo centavo.

El doctor en Comunicación, docente e investigador de la Universidad de Quilmes Martín Becerra, advirtió que la autorización del Ente Nacional de Comunicaciones a la empresa Nextel del Grupo Clarín a prestar servicios de comunicaciones móviles 4G provoca una enorme inseguridad jurídica y falta de reglas claras en el sector de las telecomunicaciones.

Sostuvo que resulta un beneficio directo al Grupo Clarín, que mantuvo una verdadera guerra sucia contra el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que continúa hasta hoy mientras amparó y ocultó todas las medidas negativas tomadas por el gobierno de Macri.

El gobierno continúa disponiendo, sin un plan ni consultas, unilateralmente, reglas de juego contradictorias en las telecomunicaciones. Es una más de las muchas decisiones que tomó en ese sentido, dijo Becerra.

Esto no hubiera sucedido si se mantenía la Ley de Medios Audiovisuales, la más democrática en la historia nacional, porque intervinieron en su preparación más de 200 instituciones, y porque era precisamente antimonopólica y democratizaba la posibilidad de ampliar la información a todos los niveles, respetando el derecho de los pueblos a la misma, como se analiza hoy aquí.

Una de las `primeras medidas tomadas por decreto de necesidad y urgencia por Macri después del 10 de diciembre cuando asumió el gobierno, fue derogar la Ley de Medios, resistida por el Grupo Clarín, mediante medidas cautelares que lograba en la justicia, gracias a jueces amigos y aliados, que hoy son parte importante del ese sector judicial dependiente del Ejecutivo.

Piden juicio y amplían denuncia

Diputados nacionales del Frente para la Victoria (FpV) presentaron un proyecto de resolución en el que piden el juicio político del presidente Macri por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, que condona la deuda de la empresa de la familia presidencial. El ministro de Comunicación, Oscar Aguad admitió este martes en una comisión de la cámara baja que es muy probable que el presidente supiera, y luego sostuvo , yo no dije que el presidente no sabía, yo dije que nunca hablé con él de esto, acerca de las negociaciones. La oposición consideró inconsistente la presentación del ministro para explicar la situación, y por otra parte Aguad reconoció que se le condonaba 90 por ciento de la deuda que el Grupo Macri tiene con el Estado.

La propuesta del juicio político a Macri fue impulsada por el diputado del FpV Julio Solanas y acompañada por jefe de la bancada, Héctor Recalde, y del presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, entre otras. El planteo contra el mandatario es por mal desempeño en la función pública y la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.

En tanto, el diputado del FpV-PJ Rodolfo Tailhade, amplió la denuncia y pidió que se investigue a los ya a acusados por la entrega de rutas aéreas regulares a empresas vinculadas a la familia presidencial y al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, además de solicitar ser considerado amicus curiae en esa primera demanda iniciada por los gremios aeronáuticos.

Solicitó que en la investigación se incluya también al titular y al director de la Administración Nacional de Aviación Civil, Juan Pedro Irigoin, y Hernán Gómez, respectivamente, por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario y delitos contra la administración pública, entregando datos y pruebas de varias investigaciones que complican cada vez más al mandatario.

A su vez, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, presentó una denuncia penal en los tribunales de la Justicia Federal contra Macri, junto a otros funcionarios del gobierno y del poder judicial, responsabilizando también al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti; al titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas; y al magistrado Martín Irurzun por maniobras ilegales de espionaje coordinadas entre el Poder Ejecutivo y Judicial.

Entre los delitos que se le adjudican figura la utilización de bienes públicos, amenazas y coacción agravada, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, en perjuicio de una larga lista integrada por políticos, dirigentes sociales, periodistas y distintas personalidades que día a día se atreven a denunciar los atropellos que ejecuta este gobierno en desmedro del pueblo..

A esto se añade una fuerte movilización social, después que ayer organizaciones sociales instalaron ollas populares en diversos lugares, advirtiendo que cada día el hambre avanza sobre más sectores de la sociedad.