Bogotá.

El desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comenzará el 1º de marzo, indicó este martes el gobierno, que implementa un acuerdo de paz sellado con este grupo guerrillero para terminar 52 años de conflicto armado.

En tanto, se reportó el asesinato del líder social Faiver Cerón Gómez, quien trabajaba con varias comunidades para incentivar la sustitución de cultivos ilegales en el Cauca. Con él suman 18 activistas ultimados en lo que va del año.

El general Javier Florez, jefe del Comando Estratégico de Transición, anunció en rueda de prensa que en los próximos días las FARC también entregarán a los representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) las coordenadas de los lugares donde existe armamento inestable y oculto, como minas, explosivos y granadas, los cuales se destruirán en el mismo lugar.

El jefe militar añadió que el proceso de entrega de armas físicas, como fusiles y pistolas, incluye tres etapas y comenzará el 1º de marzo, cuando entregarán 30 por ciento de su arsenal; el 1º de mayo, otro porcentaje igual, y durante junio, el restante 40 por ciento.

En tanto, el presidente Juan Manuel Santos visitó una de las 26 zonas donde las FARC dejarán las armas en los próximos meses. Comienzan a aplicarse todos los protocolos del cese del fuego definitivo y de la dejación de armas, declaró el mandatario desde la población La Carmelita, en el departamento de Putumayo, en el sur del país.

Sin embargo, las FARC pidieron a la ONU reporgramar el plazo de desarme por retrasos de tipo logístico.

Mientras, el gobierno condenó el asesinato del activista Faiver Cerón Gómez quien trabajaba con comunidades para sustituir la siembra ilegal en la región, meta contemplada en el acuerdo de paz firmado con las FARC. La muerte del activista ocurrió hace casi tres semanas en el municipio de Mercaderes, en el sureño departamento de Cauca.

La Alta Consejería para el Posconflicto, adscrita a la presidencia, destacó el trabajo del líder, quien era el presidente de la Junta de Acción Comunal de Esmeraldas, sus restos fueron identificados por la Defensoría del Pueblo, organismo defensor de derechos humanos en Colombia.

Se pidió realizar las respectivas investigaciones que permitan identificar a los autores del crimen y se exigió brindar seguridad a los líderes comunitarios que apuestan por la transformación positiva de los territorios.

Desde noviembre pasado, cuando el gobierno y las FARC firmaron el acuerdo de paz para dar fin a 52 años de guerra civil, las amenazas y asesinatos de líderes sociales se han incrementado notablemente. De acuerdo con cifras oficiales, 40 líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados en los últimos cuatro meses, hechos que han sido atribuidos por las comunidades a bandas narcoparamilitares, las FARC también han denunciado insistentemente estos asesinatos.