Mexicali, BC.

El gobierno de Baja California realizó un ejercicio ineficiente y opaco de los mil 130 millones de pesos que recibió en 2015 del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Pafef). Al final de ese año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un subejercicio de 283 millones de pesos, equivalente a 25.1 por ciento del total, además de que asignó contratos irregulares para supuestos estudios ejecutivos.

Después de subsanar algunas observaciones, el daño patrimonial se redujo a 67 millones 421 mil pesos, por lo que la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental emitió un procedimiento administrativo contra servidores públicos bajo el mando de Antonio Valladolid, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), según el acuerdo de radicación con número de expediente 0000106/Q/16/MXL.

Ese dinero fue ejercido por Valladolid y Manuel Guevara, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Tres meses después de que la ASF detectó en las cuentas bancarias de la SPF un remanente de 283 millones de pesos no ejercidos, Valladolid presentó comprobantes por 39 millones de pesos, pero quedaron sin acreditar 244 millones.

Además, se generaron más de 5 millones de pesos de intereses bancarios que no se programaron ni se ejercieron, de acuerdo con la auditoría financiera con enfoque de desempeño 15-A-02000-14-0572 572-DS-GF.

Durante el cierre de la auditoría, el gobierno presentó documentación para comprobar otros 118 millones de pesos; posteriormente se aportaron otros comprobantes que redujeron a 67 millones 421 mil pesos los pendientes por acreditar.

Irregularidades

Valladolid destinó recursos federales para saneamiento financiero por 700 millones de pesos, de los cuales 50 por ciento se canalizó a intereses, además de 4 millones para la modernización del Registro Público de la Propiedad y 180 millones de pesos para obras de infraestructura física, de los cuales 14 millones 751 mil pesos se destinaron a contratos para estudios de proyectos que no corresponden a la finalidad de este fondo federal. La ASF advirtió que existe un probable daño patrimonial al erario federal por ese monto.

De los 699 millones 733 mil pesos aplicados en el rubro de saneamiento financiero, 46.2 por ciento se destinó para la amortización de capital, que contribuyó en 5.3 por ciento en la disminución de los contratos de deuda pública que se pagaron con Fafef 2015; 50 por ciento se destinó al pago de intereses generados por los mismos contratos de deuda, y 3.8 por ciento a solventar otras acciones de saneamiento financiero, señala el documento de la ASF.

Reprobado en transparencia

El informe señaló que el gobierno del estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la ley de coordinación fiscal, lo que generó un probable daño a la hacienda pública federal por 82 millones 172 mil 6 pesos, lo cual representa 8.3 por ciento de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Se refiere a la suma del subejercicio presupuestal y de los contratos irregulares de proyectos ejecutivos de obras de infraestructura ajenas a este fondo.