Xalapa, Ver.

La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene estancada la carpeta de investigación 303/2016 en contra de Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, alcalde priísta de Poza Rica, por incurrir en presuntos actos constitutivos del delito de fraude en agravio de los socios activos y jubilados de la sección 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (Stprm).

Esta denuncia tiene como antecedente la averiguación previa 610/15, interpuesta en octubre de 2015 por Salvador Óscar Robles Barrios, miembro activo de la agrupación sindical, ante la Procuraduría General de la República (PGR).

En la querella Robles Barrios acusa a Quiroz Cruz –quien también funge de secretario general del Frente de Resistencia y Unidad Sindical (FRUS) de la sección 30 del Stprm– de mal manejo de los bienes del sindicato.

Aunque en un principio la investigación parecía fluir de manera ágil, de pronto las indagatorias en la PGR se frenaron. La dependencia federal se declaró incompetente para conocer el caso y turnó la denuncia a la FGE en enero de 2016, cuando al frente de esta dependencia se encontraba Luis Ángel Bravo Contreras.

A más de un año de abierta la averiguación previa 610/2015, la fiscalía de Veracruz mantiene detenidos los citatorios contra los señalados en la denuncia, no ha investigado el uso indebido de bienes inmuebles ni procedido contra Quiroz Cruz.

Que Yunes cumpla su palabra

Robles Barrios, quien encabeza un grupo de miembros activos y jubilados de la sección 30, pone sobre la mesa el arribo de Jorge Winckler Ortiz a la FGE y el discurso anticorrupción del gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Queremos que Yunes Linares cumpla su palabra de combatir la corrupción y la impunidad de los servidores públicos, y así como prometió encarcelar a los duartistas, queremos que la fiscalía investigue a Sergio Quiroz, reclama.

En la denuncia contra Quiroz Cruz se le responsabiliza de haber incurrido en fraude sindical por vender, enajenar y arrendar 21 bienes del sindicato, sin mediar la autorización expresa de los socios, quienes poseen los derechos reales de los inmuebles.

Entre los bienes propiedad del gremio y que ahora se encuentran en manos de particulares se encuentran farmacias, cinemas, cafés, autolavados, estacionamientos, un hotel y un centro comercial.

Una parte fundamental de la querella por fraude sindical tiene que ver con la venta de un terreno propiedad de la sección 30, ubicado en el fraccionamiento Heriberto Kehoe Vicent de Poza Rica.

De acuerdo con la denuncia, el 9 de junio de 2001 Sergio Quiroz, como apoderado de la sección 30 del Stprm, vendió a Celso Arturo Vicent Estrada un solar urbano ubicado en el lote 12, manzana 10, con una superficie de 185 metros cuadrados, en 5 mil pesos.

La operación de compraventa quedó registrada en la escritura pública 6494, ante el notario 6 con sede en Papantla, Donaciano Esteban Cobos Nava. El primero de agosto de 2001 (60 días después) Vicent Estrada vendió a su vez ese predio en 80 mil pesos a Marcela Chappan Malanco, con lo que obtuvo una ganancia de 75 mil pesos.

Para Robles Barrios este ejemplo es suficiente para que la autoridad proceda contra el alcalde de Poza Rica, ya que se observan varias irregularidades.

Menciona que, de acuerdo con los estatutos del Stprm, antes de vender el terreno debió convocar a una asamblea, pues necesitaba los votos de 50 por ciento más uno de los sindicalizados para que se le autorizara la transacción.

Robles Barrios señala que resulta inexplicable que un terreno cueste 5 mil pesos y 60 días después tenga un valor de 80 mil pesos. En un principio las investigaciones fueron fluidas, pero con el tiempo se estancaron.

El 4 noviembre de 2015, durante una audiencia para ratificar la denuncia contra el líder de la sección 30 de Poza Rica, pudo revisar el expediente junto con su abogado. Ahí se percató de que las investigaciones se dirigían a dictaminar peculado a Quiroz Cruz.

Sin embargo, el cambio de personal en la delegación de la PGR en Veracruz da lugar a que en diciembre de 2015 le vuelvan a girar un citatorio para realizar una segunda ratificación de la denuncia.

Pese a tener que volver a realizar la diligencia, pudo revisar el expediente por segunda ocasión y notar que las autoridades encaminaban el caso hacia el delito de fraude sindical previsto en el Código Penal Federal.

Zona de influencia

Lo que le causó desconcierto es que, de manera inesperada, el 9 de enero de 2016 la delegación de la PGR en Veracruz se declaró incompetente para tratar el caso y lo turnó a la FGE, con sede en Tuxpan. Y sólo un mes después el caso ya había sido trasladado a Poza Rica, zona de influencia de Quiroz Cruz.

En marzo visité la fiscalía de Poza Rica para conocer avances sobre el caso. Y ahí me percaté de que cinco funcionarios y Sergio Quiroz no habían sido citados a declarar por la autoridad. Así que interpuse un oficio para que fueran llamados, relata Salvador Robles, quien en esa ocasión también solicitó que le fuera entregado una copia del expediente.

Ante la falta de respuesta de la autoridad a su petición de citar a declarar a los involucrados en el caso y la negativa de otorgarle una copia del expediente, el abogado de Salvador Robles interpuso el amparo federal 538/2016 en septiembre pasado.

Sin embargo, las autoridades rechazaron el recurso aduciendo que la FGE no tenía fiscales para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Desde entonces las investigaciones por presunto fraude sindical contra Sergio Lorenzo Quiroz se encuentran detenidas.

Le apostamos a que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el nuevo fiscal, Jorge Winckler Ortiz, indague a Sergio Quiroz. No sólo es necesario que investigue a Javier Duarte; también queremos que voltee a ver este caso, insiste Robles Barrios.