un mes del atropellado inicio del gobierno autoritario de Donald Trump, a golpe de órdenes ejecutivas inconstitucionales, embestidas contra el aparato judicial, descalificaciones generalizadas a la prensa, ruptura de los protocolos diplomáticos, guerra abierta a los inmigrantes y amenazas directas a ciudadanos de su propio país, es válido preguntarse: Estados Unidos, presentado desde la posguerra como paladín de la democracia, el mundo libre y los derechos humanos, ¿se encamina a una autocracia en pleno siglo XXI?

La nación que Alexis de Tocqueville exaltó y puso de ejemplo para otras en su obra emblemática La democracia en América (publicada en dos partes en 1835 y 1840) hoy está a prueba entre los embates autoritarios de la megalomanía y el narcisismo y la capacidad de resistencia del sistema institucional de los pesos y los contrapesos, la división de poderes.

Democracia bananera, autocracia de facto o democracia institucional con capacidad de contención ante la mentira oficial y sistemática, la posverdad que eclipsó a la propia razón de Estado, los resortes sicológicos del tirano, es la disyuntiva que hoy vive esa nación prototípica que fascinó al connotado ideólogo francés desde el siglo XIX.

En efecto, la autocracia, el ejercicio desmedido y personal del mando, el mundo esférico e incontrastable del monarca absoluto, el zar avasallante y el führer iluminado ya no es un concepto teórico, es hoy un híbrido de amenaza y realidad; las instituciones determinarán el tránsito de una a otra en la otrora capital del mundo libre y la democracia liberal.

En primer lugar, antes de manera excepcional, nunca en la historia de Estados Unidos se había acudido a este ritmo frenético de las órdenes ejecutivas: 23 decisiones arteras apenas en la primera semana de gobierno, más las que se acumularon en el mes.

Sólo en lo que llama seguridad fronteriza, el presidente de la ultraderecha dictaminó: comenzar a planificar, diseñar y construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, con financiamiento adicional del congreso y después tratar de cobrarlo al vecino agredido. Además:

− Construir y operar instalaciones de detención cerca de la frontera para evaluar solicitudes de asilo, sujeto a fondos existentes.

− Contratar a 5 mil agentes adicionales de la patrulla fronteriza, sujeto a la disponibilidad de fondos.

− Finalizar la política de captura y liberación, práctica que deja libres a inmigrantes indocumentados que sean detenidos mientras se resuelve su caso en suelo estadunidense.

− Cuantificar las fuentes de asistencia federal directas e indirectas al gobierno de México sobre una base anual durante los últimos cinco años.

Otra de las órdenes ejecutivas más repudiadas de Trump fue la instrucción al servicio de inmigración de prohibir la entrada a Estados Unidos de ciudadanos y refugiados de siete países con población mayoritariamente musulmana: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán, además de la amenaza de que el gobierno de Estados Unidos se reserva el derecho de revocar visados en cualquier momento si es necesario por la seguridad nacional, lo que generó álgidas protestas internas y en el exterior.

De inmediato tres jefes de Estado europeos con población de doble nacionalidad, la propia y la de alguno de los siete países, expresaron su inconformidad: Angela Merkel, canciller de Alemania; François Hollande, presidente de Francia, y Theresa May, primera ministra de Gran Bretaña.

Ante la notoria improcedencia, el juez federal James L. Robart, nombrado por el ex presidente George W. Bush, formalmente del mismo partido que la actual administración, frenó la controvertida medida aduciendo un concepto republicano ajeno al autócrata: legalidad.

Bajo el mismo concepto de legalidad y estado de derecho, que prohíbe dar trato discriminatorio por razones de creencias a ninguna persona, el tribunal de apelaciones del noveno circuito confirmó el fallo del juez y negó la solicitud del gobierno de Trump para reinstaurar la orden ejecutiva, una disputa que ante su evidente despropósito ya no pudo escalar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

En el mismo sentido, los fiscales generales de 16 estados de Estados Unidos condenaron la orden ejecutiva inconstitucional, antiestadunidense e ilegal del presidente Trump, quienes afirmaron en un desplegado público representar a más de 130 millones de estadunidenses y residentes extranjeros en sus estados.

Los acosos y hechos consumados contra la legalidad en la administración trumpista y su etapa de incubación han tocado todos los aspectos de la política pública, incluida la relación con otros países y la seguridad nacional, como el contacto y el intercambio de información en la campaña y semanas antes de iniciado el gobierno entre personajes del círculo cercano del hoy presidente y diplomáticos extranjeros, como Michael Flynn, quien sostuvo una prolongada conversación telefónica con el embajador ruso en Washington sobre temas de política exterior.

La dimisión del consejero de Seguridad Nacional, el encargado de la política exterior y en muchas administraciones responsabilidad tan importante como la de secretario de Estado, es la primera que sufrió el gabinete de Donald Trump en menos de un mes de su toma de posesión.

La fuerza de la opinión pública y el peso de la prensa libre, factores tan denostados por el autócrata, no la sensibilidad del gobernante, fue el factor que demolió una de las principales piezas de gobierno de una administración que camina a contracorriente de la legalidad, la diplomacia y la civilidad, dentro y fuera de sus fronteras nacionales.

Hoy, como hemos señalado desde el principio, la democracia liberal del mundo vive una de sus mayores amenazas desde los tiempos del fascismo hitleriano, pero el primer sistema político en riesgo es la mítica democracia estadunidense: ¿como en aquella ocasión histórica, instauración de la autocracia por los propios caminos y vacíos de la democracia?

* Ex gobernador de Oaxaca