l pasado fin de semana diversos medios estadunidenses e internacionales dieron a conocer los borradores de dos memorandos elaborados por el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, firmados por su titular, el ex general Michael Kelly, que reiteran las falsedades de que la inmigración en la frontera sur ha desbordado a las agencias federales y ha creado una vulnerabilidad de seguridad nacional significativa, y que establecen una política absolutamente discrecional para proceder a la expulsión de extranjeros del territorio del país vecino.

Las directivas no sólo incluyen medidas para iniciar de inmediato la planeación, diseño, construcción y mantenimiento del muro fronterizo con el que el ahora presidente Donald Trump ha amenazado desde que era precandidato, sino que ordenan acelerar y multiplicar las detenciones y deportaciones de indocumentados, independientemente de su edad.

Más aún, los criterios esbozados en ambos documentos para considerar que una persona tiene antecedentes criminales son tan laxos e indefinidos que cualquier indocumentado que haya cometido una infracción o falta administrativa podría ser incluido en esa categoría, según señaló el abogado José Pertierra, especialista en asuntos de migración. La también abogada de derechos humanos Joanne Lin se refirió a los documentos filtrados como una combinación sin precedente de acciones inconstitucionales radicales.

La difusión de los memorandos ha causado fundamentada zozobra en las comunidades de migrantes, particularmente entre los mexicanos, a quienes Trump ha llamado en el pasado reciente violadores y narcotraficantes, en lo que constituye una inaceptable generalización que agravia a una comunidad que, en su abrumadora mayoría, está compuesta por trabajadores honestos que son un factor invaluable para las economías de Estados Unidos y México.

En el primer mes de su administración, Trump ha dado pruebas consistentes de su disposición a criminalizar de manera generalizada a millones de personas y a establecer políticas que se traducen en la violación masiva de derechos humanos. Es claro que ante semejante ofensiva las actitudes obsecuentes han resultado inútiles, si no es que abiertamente contraproducentes, en la medida en que se ha enviado el mensaje de que los migrantes mexicanos se encuentran en un estado de plena indefensión y que, por ende, es posible seguirlos presentando en forma demagógica como uno de los principales orígenes de la problemática que aqueja a Estados Unidos.

Para emprender una estrategia efectiva de protección a los migrantes es necesario abandonar los gestos conciliatorios y asumir una actitud de firmeza en todos los terrenos, empezando por el diplomático. Se han dejado pasar demasiados gestos de hostilidad sin que hasta ahora la parte mexicana haya presentado una nota de protesta, haya procedido a una suspensión de los contactos bilaterales o haya acudido a los organismos internacionales a denunciar los atropellos. Por añadidura, no hay en el Legislativo, que se sepa, ningún proyecto de ley orientado a proteger a la industria nacional y binacional de la andanada proteccionista con la que Trump amenaza casi todos los días.

Ciertamente no hay razón para adoptar ante la Casa Blanca actitudes hostiles u ofensivas, pero sí de pasar de una vez por todas a la defensiva. Se ha esfumado la ilusión –alimentada durante tres décadas por las sucesivas administraciones mexicanas– de que el gobierno de Washington era un aliado, buen vecino, socio y amigo: Trump ha hecho caer las máscaras y hoy ese gobierno se presenta como un poder agresivo, prepotente e insolente que interpreta cualquier gesto conciliatorio como señal de claudicación.