Chihuahua, Chih.

Por amenazas o complicidad, los cabecillas del narcotráfico en distintas regiones del estado, principalmente las zonas serrana y noroeste, infiltraron a los gobiernos municipales, impusieron directores de seguridad pública, colocaron a su gente en la nómina y decidieron nombramientos en áreas como obras públicas, según un diagnóstico realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE) e inteligencia militar.

Ambas instancias vincularon a 10 directores de seguridad pública con el crimen organizado en los municipios de Ascensión, Batopilas, Chínipas, Coronado, Guazapares, Guerrero, Santa Bárbara, Guadalupe y Calvo, Uruachi y Gran Morelos.

Ante la situación, la FGE sustituyó temporalmente a las policías municipales, para que sean capacitados y sometidos a pruebas de control de confianza, en tanto la seguridad fue asumida por más de 300 elementos de la policía estatal, desplazados este domingo a municipios como Madera, Gómez, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Ignacio Zaragoza y Temósachic.

En una primera etapa, más de mil 200 agentes municipales serán sometidos a procesos de evaluación y confianza, así como a cursos de actualización, para cumplir con la certificación que solicita la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó Óscar Avendaño Aparicio, director de la Policía Única Estatal (PEU).

El área donde se debe sustituir a las policías municipales se decidió por la incidencia de delitos relacionados con el crimen organizado, indicó el titular de la PEU. Explicó que se busca regionalizar a las policías, que por falta de profesionalización y confianza no han podido hacer su trabajo correctamente.

Aparicio Avendaño indicó que el acuartelamiento de tres meses consistirá en aplicar exámenes, luego de tomar un curso de capacitación, con actividades alineadas a las disposiciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con las cuales incumplen la mayoría de los municipios en Chihuahua. Adelantó que quienes reprueben los exámenes de confianza no podrán pertenecer a corporación alguna.

Según la FGE, de los 67 directores de seguridad pública municipal de Chihuahua –sólo Juárez tiene la dependencia a nivel de secretaría– 90 por ciento ya realizaron pruebas de confianza, y los resultados los tiene el Centro Estatal de Control de Confianza. Según datos no oficiales, la mayoría reprobaron.

Esencial, presencia de militares

Ayer, ante mandos castrenses en las zonas militares 5 y 42, durante la celebración del 104 aniversario del Ejército Mexicano, el gobernador Javier Corral Jurado reconoció que en la entidad aún es imprescindible la presencia de militares en labores de seguridad mientras en los ámbitos municipal, estatal y federal no haya resultados en términos de control de confianza de las corporaciones, muchas absolutamente contaminadas por la delincuencia organizada, señaló.

Corral Jurado se pronunció por la aprobación de un marco jurídico, con el mayor consenso social, de manera clara, transparente, sin estados de excepción, que defina en qué territorios y en qué tiempos debe actuar el Ejército en labores de seguridad.

El gobernador destacó que mientras se cuente con apoyo militar, las autoridades civiles deben actuar con firmeza para depurar y fortalecer los cuerpos policiacos, de modo que puedan asumir en su totalidad las tareas en las que el Ejército ha debido intervenir.

En agosto pasado, durante la entrega-recepción del gobierno estatal y de los 67 municipios, Corral Jurado solicitó a los alcaldes entrantes consensuar con el estado los nombramientos de los jefes de policía, proponiendo ternas que el Congreso local analizaría. Ningún edil accedió a la propuesta, sólo la presidenta municipal de la capital, la panista María Eugenia Campos, pidió apoyo al Sistema Nacional de Seguridad para nombrar a su actual director de la policía, Gilberto Loya, quien fue secretario técnico del organismo federal.

Los 66 alcaldes restantes, incluido el de Ciudad Juárez, Armando Cabada, decidieron por su cuenta. Cabada designó inicialmente al ex fiscal general del estado, Jorge González Nicolás, a quien la administración estatal cuestionó por sus vínculos con el ex gobernador César Duarte.

González Nicolás renunció en diciembre pasado y quedó encargado del despacho Sergio Almaraz Ortiz, también cuestionado por la autoridad estatal, quien le abrió una carpeta de investigación por presunta obstrucción de la procuración de justicia y ejercicio indebido de la función pública. En corrillos se aseguró que reprobó exámenes de evaluación y control de confianza que le aplicó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Ratificados en cargos, pese a nexos

Otros directores de seguridad pública municipal, como el de Chínipas, Martín Ramírez Medina, fueron ratificados en el cargo con el cambio de ayuntamiento, a pesar de sus nexos familiares con líderes criminales: es primo en primer grado de Alfredo Salazar Ramírez, preso por narcotráfico, y sobrino político de Crispín Salazar Zamorano, cabecilla de un grupo que opera en los municipios de Urique, Guazaparez y Moris.

El informe elaborado por la FGE e inteligencia militar ubica en la misma condición al jefe de la policía municipal en Guazapares, Saúl Rochín Ayón; el de Batopilas, Javier Ramón García Aldama; de Guerrero, Marco Antonio González Hernández; Santa Bárbara, Abel Lorenzo Villalobos; Coronado, Edgar Eliud Hernández Tovar y el de Ascensión, Sergio Horacio Payan Meza.

En algunas regiones del estado el crimen organizado rebasó a partidos y gobiernos. En 2016, el comité directivo estatal del PRI sustituyó a los candidatos a ediles de Chínipas, Juan Salazar Ochoa, sobrino del cabecilla del grupo Los Salazarez, y de Bachíniva, Silvia Mariscal, suegra de Arturo Quintana, alias El Ochenta, que controla grupos criminales en el noroeste del estado.

En Bachíniva, Namiquipa, Guerrero, Carichi, Cusihuiriachi, Gómez Farías y otros municipios del noroeste, Arturo Quintana es conocido por exigir contratos de obra pública a los alcaldes.

En el municipio de Madera, de cien policías preventivos en nómina, sólo 60 aceptaron someterse a exámenes de confianza. Se presume que los otros 40 son infiltrados del crimen organizado. Situación similar ocurre en Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes, donde los policías municipales fueron sustituidos recientemente.