El costo de la democracia mexicana es el más alto de América Latina: 18 dólares por voto contra, por ejemplo, 29 centavos de dólar en Brasil, de acuerdo con estudios universitarios.

Ayer se celebró un seminario en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para discutir si debe reducirse el costo de nuestro sistema político. Las respuestas de académicos, diputados y consejeros electorales que participaron en ese acto fueron diversas, pero coincidieron en que son indispensables cambios al modelo, pues ha llevado a una crisis de representatividad.

El encuentro, titulado ¿Se debe reducir el financiamiento de la política?, se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios. En una de las mesas, Jacqueline Peschard –académica de la UNAM que presidirá el primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción– consideró que el financiamiento público a los partidos ha logrado el propósito con que fue instaurado con las reformas a las leyes de 1977 y 1997: crear un sistema con condiciones de equidad para la competencia electoral. Opinó que la discusión, más que centrarse en reducir los recursos a los partidos –que en 2015, año de elecciones, recibieron más de 9 mil millones de pesos– debe centrarse en la fiscalización. El problema es que las autoridades no pueden fiscalizar los recursos ilícitos que inundan las campañas.

María Amparo Casar, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, presentó algunos cálculos acerca de lo que cuesta el sistema político mexicano. En 2015, señaló, se destinaron al sistema –que tiene 22 mil burócratas– 37 mil millones de pesos, que equivale al presupuesto anual de la UNAM.

El consejero del Instituto Nacional Electoral Arturo Sánchez y el ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral Leonardo Valdés Zurita mostraron por separado datos que indican que los recursos destinados a los partidos son casi marginales para el Presupuesto de Egresos de la Federación, pues en 2015 representaron sólo 0.08 por ciento. Acotaron que el gasto podría ser más eficaz.

Los diputados Pablo Piña (Partido Acción Nacional) y Juan Romero (Morena) expusieron por separado que el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados se han opuesto a las propuestas para reducir el financiamiento a los partidos.