La Procuraduría General de la República (PGR) requiere una nueva estructura, acorde con el sistema oral de justicia, ya que enfrenta problemas de corrupción, contrataciones de personal con base en criterios no profesionales y un rezago de 73 mil 310 averiguaciones previas pendientes de atender.

La dependencia federal admitió que su arquitectura institucional no es la idónea para enfrentar los retos que exige la aplicación del nuevo sistema de justicia penal adversarial, pues buena parte de los operadores jurídicos encargados de su puesta en marcha no han desterrado prácticas del viejo sistema.

En los pasados 10 meses, la PGR abrió 3 mil 165 investigaciones contra funcionarios de la dependencia acusados de abusos de autoridad, extorsión, detención ilegal, cateos indebidos y otras prácticas corruptas, se advierte en el diagnóstico Hacia un nuevo modelo de procuración de Justicia, enviado al Senado por el procurador Raúl Cervantes.

En el capítulo Radiografía institucional, se insiste en que la PGR enfrenta el reto de desterrar una serie de prácticas, que son incompatibles con el nuevo sistema penal: la deficiente investigación y la litigación de los casos, así como privilegiar la cárcel como sanción, en lugar de mecanismos alternativos.

Resalta el diagnóstico que hay saturación del sistema de justicia penal. Ejemplifica que en los pasados dos años se iniciaron 63 mil 59 carpetas de investigación, de las cuales 65.54 por ciento están pendientes de resolver.

Se detalla que en las 21 mil 728 carpetas –34.46 por ciento– en las que hubo resolución, en 9 mil 857 de ellas se decidió enviarlas al archivo temporal, y en otros 8 mil 380, se determinó el no ejercicio de la acción penal.

De igual forma, en ese diagnóstico de la PGR se subraya que aún están pendientes de atenderse 74 mil 310 averiguaciones previas.

Acusa que la debilidad en las habilidades de investigación, por falta de capacitación del personal de la institución, sigue siendo una característica.

Además, precisa, se continúa favoreciendo un perfil de servidores públicos que no demanda las habilidades indispensables en el Sistema Penal Acusatorio, como son: capacidad de análisis, de investigación, argumentación jurídica y la aplicación de sanciones alternas a la cárcel.

En la contratación de servidores de la PGR, se mantiene la contratación por el uso frecuente de la designación especial, en el caso de los agentes del Ministerio Público de la Federación. La tercera parte del personal de la PGR y el servicio profesional de carrera se encuentra subutilizado, contratada con ese esquema.

Hace notar que de septiembre de 2015 a junio de 2016, la visitaduría general de la PGR recibió 3 mil 165 quejas sobre presuntas irregularidades, lo que llevó a la remoción de 135 servidores. Las conductas que con mayor frecuencia se denunciaron fueron: abuso de autoridad, extorsión, indebida retención, indebida práctica de cateo, entre otras.

La corrupción y las malas prácticas en la PGR, se subraya en el documento, derivan de las deficiencias en la arquitectura institucional, así como del diseño que guarda el diseño del Servicio Profesional de Carrera, que pocas veces se traduce en una mejora real en las percepciones recibidas, así como en el desarrollo profesional.

Concluye que la realidad descrita dicta para el Estado mexicano la imperiosa necesidad de rediseñar un nuevo modelo de arquitectura institucional acorde al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que lo haga operable y que sea capaz de replicarse en las 33 procuradurías o fiscalías de los dos órganos de gobierno.