La revisión de la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio 2015 del gasto de los programas federalizados operados por los gobiernos de los estados reveló a entidades con gran cantidad de observaciones que podrían derivar en daño patrimonial. De acuerdo con el organismo fiscalizador, el caso de Guerrero –en el año del gobierno interino– presentó irregularidades no solventadas hasta ahora por 3 mil 328 millones de pesos, especialmente en rubros de salud, educación y seguridad, así como en le programa Prospera.

Sin embargo, hay otras entidades donde los rezagos sociales demandan mayor eficacia en los programas sociales, pero que tienen insuficiencias en el manejo financiero. Es el caso de Chiapas, donde las observaciones al gobierno estatal por posible daño patrimonial suman mil 882 millones de pesos; en Chihuahua, donde la transición de gobierno en 2016 ha sido muy conflictiva, las inconsistencias detectadas por la ASF ascienden a 600 millones de pesos.

De acuerdo con el informe de la cuenta pública 2015, en Guerrero hay programas que presentan un manejo financiero poco claro, el cual generó impactos a las finanzas con posibles derivaciones penales en ámbitos como pago de nómina a personal sin contrato por 603 millones de pesos; desviación de recursos al fondo de salud por 231 millones de pesos; irregular manejo del Fondo de Aportaciones Múltiples por 146 millones de pesos y no enterar impuestos a Hacienda en el rubro de salud por 114 millones.

Bajo la administración del interino Rogelio Ortega –en plena crisis de Ayotzinapa– el manejo de recursos fue muy irregular en Guerrero. Según la ASF se transfirieron recursos del Fondo para los servicios estatales de salud a Prospera por 336.2 millones de pesos; se manipuló irregularmente partida del Seguro Popular por 326 millones y se realizaron pagos del fondo de salud a personal que no acreditaba requisitos por 232.2 millones, entre las principales irregularidades.

En Chiapas, el gobierno trasladó recursos del Fondo de apoyo a organismos educativos al pago de nómina del magisterio por 434 millones de pesos; no ejerció 170.7 millones del Fondo de servicios de salud; se pagaron sueldos irregularmente a personal de salud sin contar con los requsitos por 142.7 millones; se ejercieron recursos de forma irregular por 140 millones de Prospera; no se aplicaron 410 millones del Fondo de infraestructura social.

Por lo que corresponde a Chihuahua, el monto involucrado es menor –600 millones de pesos– pero se concentra en tres grandes rubros: 217 millones no ejercidos del Fondo de aportaciones Múltiples; irregular manejo de recursos del Fondo de programas de escuelas de calidad por 108 millones de pesos; y el no ejercicio de 149.8 millones del Fondo para la seguridad pública.