l cúmulo de problemas que agobian a Guerrero se le suman barruntos de violencia, al aproximarse la fecha en que expirará la Ley 701 de Derecho y Cultura Indígena, que da sustento a las operaciones de las policías comunitarias, toda vez que parecen ser más los que buscan su desaparición que los que se proponen renovarla.

Ya algunas dirigencias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) manifestaron su preocupación porque a partir del 16 de marzo no podrán seguir activos, y si lo hacen, tendrán que responder por sus actos, entre ellos andar armados, realizar operativos o aprehensiones y aplicar la reducación, considerando, por tanto, que al desaparecer la 701 quedarán indefensos.

Joaquín Rentería Guevara, León Ponce y Sabás Aburto Espinobarros, directivos de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, advirtieron que aun cuando la ley sea derogada, la CRAC seguirá trabajando, lo cual significa, dicen, que serán objeto de persecución por parte del gobierno.

Si bien se ha visto envuelta en confrontaciones internas y han llegado a la división, la CRAC ha sido la organización que ha operado la Policía Comunitaria más apegada a la Ley 701.

De ahí surgió la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado; posteriormente, apareció el Frente Unido Para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, organizaciones cuya rivalidad por territorios ha devenido incluso en enfrentamientos, en los que ha habido heridos, muertos y desaparecidos.

Se acerca la fecha límite para eliminar o sepultar la Ley 701 y no parece estar entre los diputados, salvo en la legisladora por Morena, la idea de discutirla. Lo más conveniente sería ajustarla a las actuales condiciones que se viven en el estado, para que todas las policías comunitarias se dedicaran a proteger sus comunidades. Si se elimina, estará muerta la ley en la que se respaldaban, pero los resentimientos, los odios y la desprotección de los pueblos quedarán vivos.