Buenos Aires.

Mientras se extiende el escándalo por el acuerdo firmado por el gobierno del presidente argentino Mauricio Macri para condonar una deuda millonaria que tiene el grupo Macri con el Correo Srgentino, la justicia de la provincia de Jujuy anunció que la dirigente social y diputada Milagro Sala irá a juicio oral acusada por "fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión" en la causa que investiga el supuesto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.

Esta noticia no alcanzó para encubrir el escándalo que envuelve al gobierno, después que los diputados de la Alianza Cambiemos impidieron la presentación ante el Congreso del ministro de Comunicación, Oscar Aguad y otro funcionario para explicar el acuerdo que condona al Grupo Macri una vieja deuda que suma 70 mil millones de pesos (unos 4 mil 370 millones de dólares). A última hora de este miércoles, el programa El Destape reportó que se bajarán las jubilaciones, mientras el gobierno de Macri utiliza ilegalmente el fondo de sustentabilidad de la Seguridad Social que dejó el gobierno anterior y aseguraba el futuro de las jubilaciones y acaba de anunciar nuevos aumentos en servicios básicos.

En este entorno es que se da el anuncio de que Sala y más de 30 integrantes y cooperativistas de Tupac Amaru irán a juicio oral, en una causa armada como lo han denunciado abogados y legisladores.

Sala permanece detenida ilegalmente desde el 16 de enero de 2016 por orden del gobernador de la alianza oficialista Cambiemos Gerardo Morales, enemigo político de la líder de la organización Tupac Amaru, que realizó un extraordinario trabajo al levantar viviendas y barrios para los sectores más pobres de esa provincia, conformando además decenas de cooperativas que daban trabajo a miles de personas, lo que fue registrado por varios documentales europeos.

Morales ordenó su detención por una protesta pacífica de los cooperativistas e integrantes del mayor movimiento social del noreste del país como es la Tupac Amaru, que habían acampado en la plaza frente a la sede del gobierno en enero de 2016 cuando recién llegado comenzó a atacar las cooperativas para cerrarlas.

A partir de la detención de Sala, el gobernador Morales ha reconocido públicamente que está detenida por unja orden directa de su gobierno y entonces comenzaron a armarle causas y fue condenada el año pasado por una protesta de otro movimiento social en 2009 cuando Morales era senador. Sala nunca estuvo en el lugar donde sucedieron esos hechos, cuando un grupo de trabajadores arrojó huevos como protesta contra Morales. El único testigo que acusó a Sala, resultó ser un empleado del gobernador Morales, a quien se le entregó una fuerte suma de dinero por su falso testimonio. La dirigente fue condenada a tres años por esa protesta social y luego se la inhibió para aspirar a cargos políticos, siendo diputada elegida por voto popular del Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur).

Desde distintos lugares del mundo, incluyendo la propia Organización de Naciones Unidas y otros organismos internacionales se exigió la libertad de la dirigente. El caso fue llevado ahora ante la Corte Suprema de Justicia, después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervino en este caso pidiendo la liberación de la dirigente.

Curiosamente la Corte Suprema acaba de decidir este martes que limitó la vinculación a los fallos que dicte el tribunal internacional americano a las que están alcanzadas por el Pacto de San José de Costa Rica, incorporado en la Constitución Nacional en 1994.

A Sala se la acusa por defraudación por unos 60 millones de pesos (unos 3.7 millones de dólares), de los cuales 29 millones fueron cobrados por las cooperativas para obras de un plan de vivienda, Vivir Mejor II, que, según la fiscalía, no fueron ejecutados.

Sin embargo, está demostrado y probado lo realizado en el territorio de Jujuy donde se levantaron miles de viviendas, escuelas, centro de salud, centros de recreación. Era un modelo para el país.

Esto era demasiado para Morales y los dueños del poder en Jujuy que no pudieron tolerar que por primera vez en esta provincia feudal, donde existen empresarios como Pedro Blaquier que maneja el ingenio Ledesma y otras empresas y que entregó trabajadores a la dictadura militar, los pobres tuvieran por primera vez en la historia su casa y las cooperativas eran conocidas en todo el mundo, denunció la Tupac Amaru.

El Centro de Estudios Legales y Sociales, que dirige Horacio Verbitsky, calificó de regresión en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia argentina, el fallo que limita la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que intervino en el caso de Sala.

El presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, defendió a la dirigente de la Tupac Amaru, cuya detención consideró ilegal y advirtió que todos estos cargos de las que se le acusan no sirven, no están probados. Desde el punto de vista legal no sirve.

Señaló asimismo la diferencia entre lo que sucede con Sala y los escándalos que rodean al gobierno de Macri refiriendo el caso del actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas, acusado por recibir 600 mil dólares de la empresa brasileña Odelbretch. Ese si se pude piantar (fugar), no Milagro Sala que es una militante social. La detención es absolutamente ilegal. Y agregó: la ley tiene que ser para todos. No para los negros pobres una cosa y para los ricos de arriba otra.

Macri en tanto se prepara para viajar a Estados Unidos y reunirse con Donald Trump, según se anunció la noche de este miércoles.