Al comparecer ayer los nueve candidatos a ocupar tres cargos de magistrados para las salas regional y especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fueron cuestionados por los senadores sobre los alcances del nuevo modelo de comunicación electoral, los límites a la libertad de expresión y la austeridad en las campañas electorales.

Las candidatas de la primera terna, para la sala regional especializada del TEPJF Adriana Bracho Alegría resaltó que se requiere piso parejo en las coberturas informativas para quienes contienden en elecciones, pero sin que utilicen a los medios de comunicación para hacer propaganda política.

María del Pilar Carmen Carreón Castro señaló que se requieren ajustes al modelo de comunicación política, con la finalidad de acercar a los ciudadanos las propuestas y la plataforma política de los candidatos a cargos de elección popular, y se deben incluir los principios de austeridad en las campañas.

Ricardo Antonio Silva Díaz dijo que el control de la libertad de expresión tiene que ser sumamente cuidadoso y excepcional y que debe verse como un derecho que permite informar a la ciudadanía para promover el debate público.

Los candidatos de la segunda terna, para la sala regional de Guadalajara, Jalisco, primera circunscripción, Teresa Mejía Contreras, precisó que en materia de violencia política se deben analizar los casos de manera concreta y con las pruebas suficientes para demostrar los hechos.

Rodrigo Moreno Trujillo manifestó que no debe existir una limitante o restricción para que los candidatos independientes puedan participar en un proceso electoral, por el principio de representación proporcional.

Jorge Sánchez Morales, a su vez, refirió que en materia electoral se requiere libertad de expresión bajo los principios de pluralidad y tolerancia, pero con las limitantes establecidas para no afectar la moral, a terceros y la vida privada.

El aspirante de la tercera terna, para la sala regional de Monterrey, Nuevo León, segunda circunscripción, José Luis Cevallos Daza sostuvo que el financiamiento de los partidos políticos y los mecanismos de fiscalización representan un gran reto para el proceso electoral de 2018.

Por su parte, Araceli Yhali Cruz Valle hizo notar que en 2018 habrá 30 elecciones concurrentes, por lo cual es indispensable tener una visión clara y sensible, para establecer acciones afirmativas en cuanto a las mujeres, grupos vulnerables y pueblos indígenas.

Jorge Emilio Sánchez Cordero aseveró que no ve beneficio alguno al reducir de 18 a 16 años la edad para votar, pero sí en la expansión de este derecho político a quienes purgan una condena en prisión, pues es fundamental para la reinserción social.