Durante un año, la Procuraduría General de la República (PGR) ha utilizado argucias y respuestas ambiguas para retrasar la investigación que sigue una juez de Andorra al ex diputado priísta Óscar Javier Lara Aréchiga por tener una cuenta de 6 millones de dólares en una institución bancaria señalada por presunto lavado de dinero, de acuerdo con una nota del diario español El País.

El rotativo señala que la juez Canolic Mingorance Cairat espera desde febrero de 2016 que la PGR le conteste una solicitud de información sobre la identidad de Lara Aréchiga, quien fue diputado del Partido Revolucionario Institucional por el estado de Sinaloa.

Según el rotativo, Lara posee una cuenta con 6 millones de dólares en el Banco Privado de Andorra (BPA), institución que está intervenida por acusaciones de presunto lavado de dinero.

Remiten a la representación de México en la ONU

Lo que está esperando la juzgadora es que las autoridades mexicanas la ayuden a la identificación plena del ex legislador priísta de 65 años de edad y que le otorguen sus certificados penales y policiales.

La falta de respuesta de la procuraduría a las comisiones rogatorias –es decir, a las peticiones de auxilio judicial– que se le han enviado generó malestar en la juez encargada del caso, de acuerdo con fuentes de la justicia de Andorra citadas por El País.

El diario afirmó que la primera comisión rogatoria enviada por Mingorance Cairat fue en febrero de 2016, y en ella se requería información a la PGR sobre la identidad de Lara Aréchiga, pero también pedía que se investigara la posible relación entre el BPA y el cártel de Sinaloa.

La respuesta de la dependencia mexicana a la magistrada fue que volviera a enviar su petición, pero esta vez a la Misión Permanente de México en Naciones Unidas, “lo que provocó la sorpresa de la magistrada Mingorance, quien en 2015 había ordenado la intervención del banco, entre otras razones, por los vínculos entre la entidad y los cárteles mexicanos”.

Al recibir una segunda petición en el mismo sentido, la respuesta de las autoridades judiciales mexicanas fue solicitar a la juez que aporte nombre, apellidos, fecha de nacimiento y número identificativo del diputado titular de la citada cuenta, es decir, la misma información que reclama (la juzgadora) en su petición de auxilio judicial.

El rotativo agregó que a las últimas comisiones rogatorias enviadas por la magistrada en octubre y noviembre de 2016, según fuentes judiciales de Andorra, las autoridades de México todavía no han respondido.

Consultadas sobre el tema, fuentes de la PGR indicaron que no darían un posicionamiento al respecto.