Tampico, Tamps.

La participación de un helicóptero en el operativo en el que fue abatido Juan Francisco Patrón Sánchez, alias El H-2, no representó un uso excesivo de la fuerza, sino que fue para demostrar a los sicarios que había con qué quitarles el lugar preferente que tenían en la azotea de la casa en la que estaban atrincherados, desde donde disparaban a los elementos de Marina.

Lo anterior lo señaló el secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, quien precisó que en ese enfrentamiento ocurrido la semana pasada en Tepic, Nayarit, no estuvo involucrado ningún menor de edad y que no hubo ningún herido o muerto del grupo agresor producto de disparos hechos desde el helicóptero.

Subrayó que el volumen de fuego de los 15 elementos de Marina que tomaron parte en el operativo correspondió a las armas que tenían los sicarios, quienes desde un inicio se negaron a rendirse, además de que tenían en su haber lanzagranadas y otras armas capaces de derribar la aeronave.

Destacó que, en materia de armamento, “estamos muy, muy por arriba de cualquier cártel u organización delictiva. No es advertencia, vamos siempre en apoyo de la autoridad competente”.

El operativo se llevó a cabo conforme los protocolos de respeto a los derechos humanos.

Los sicarios abatidos cayeron en enfrentamiento directo con los marinos, dijo.

En conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la capitanía de puerto de Tampico, donde el almirante explicó que la transferencia de las atribuciones de seguridad en las instalaciones portuarias a la Secretaría de Marina (Semar) no significa la militarización de los puertos, y que la dependencia a su cargo se limitará a garantizar la seguridad y la aplicación de la ley en dichas instalaciones, Soberón Sanz señaló, por otra parte, que en materia de seguridad interior las fuerzas armadas no buscamos que nos den un cheque en blanco ni un reglamento para actuar como policías.

Precisó que tanto él como el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos Zepeda, demandan que la norma que se discute actualmente en el Congreso de la Unión delimite las responsabilidades respecto de quién debe hacerse cargo de la seguridad interior.

Así, si un presidente municipal no puede con la inseguridad, solicite apoyo al gobierno del estado; si el gobernador del estado con su policía no puede apoyar al municipio, que recurra a la Policía Federal o a la Gendarmería, y que cuando se requiera del auxilio de las fuerzas armadas, éste quede perfectamente delimitado en cuanto al tiempo del operativo y el área concreta en que se llevará a cabo, ejemplificó.

Por otra parte, comentó que a partir del 17 de junio próximo la Semar asumirá el control de las 103 capitanías de puerto que hay en el país, y que está en marcha un proceso en el que los altos mandos navales irán a cada uno de estos puertos para explicar el sentido de las nuevas condiciones de operación, en el que no habrá despidos del personal de confianza ni de los sindicalizados.

Consultado sobre la responsabilidad de las capitanías de puerto (que dependían de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hasta la reforma legal de diciembre pasado) en el incremento de la violencia, tráfico ilícito de drogas, migrantes, etcétera, respondió que no tenían ni el personal ni el equipo necesario para garantizar la seguridad de las instalaciones; hacían lo que podían.

Sin embargo, una vez con recursos humanos y materiales suficientes, estarán en condiciones de garantizar la seguridad de las instalaciones portuarias, que es el objetivo principal de la reforma legal que pasó las capitanías de puerto a la Semar.