Mexicali, BC.

Policías municipales se liaron a golpes y empujones con integrantes del Movimiento de Resistencia Civil, cuando los uniformados intentaron replegarlos para que permitieran el paso de trabajadores a la sede del ayuntamiento que desde el fin de semana se encontraba resguardada por elementos de esa corporación, por la presencia de un plantón de los activistas.

La trifulca, ocurrida pasadas las 8 horas de ayer, dejó por lo menos 14 personas detenidas (11 hombres y tres mujeres). A 13 las enviaron al Ministerio Público, acusadas de sabotaje y motín, y por la noche quedaron en libertad.

Entre los aprehendidos se encontraban la ex candidata de Morena a diputada federal Guadalupe Mora Quiñones, el ex dirigente estatal de ese partido Guadalupe Montoya y el líder de los inconformes, Filiberto Sánchez, quienes además resultaron con lesiones leves por golpes.

Los otros arrestados eran Jorge Benítez, Jorge Brambila, Santa Cecilia Hernández, Benjamín Gutiérrez, Mario Sotelo, Benjamín Zavala, Jorge Hugo Bravo, Arturo Ramírez, Francisco Pérez, Ignacio Gastélum y Verónica Jiménez, quien fue la primera en recuperar su libertad por la tarde, tras pagar 3 mil 200 pesos de fianza, pues sólo fue acusada de violar el bando de policía y buen gobierno.

El Colegio y la Barra de Abogados de la capital bajacaliforniana habían asumido la defensa de los 13 detenidos, que permanecieron alrededor de 10 horas en los separos de la comandancia.

Su representante legal, Fernando Rosales, dijo que los delitos de sabotaje y motín, constituidos en los artículos 278 y 280 del Código Penal, no fueron cometidos por los manifestantes.

El abogado exigió la libertad de sus clientes y presentó una denuncia por abuso de autoridad contra la policía municipal en la oficina de sindicatura de la comandancia.

A pesar de que los detenidos fueron liberados sin pagar fianza, el Ministerio Público informó que continuará ampliando la carpeta de investigación, por lo que no no fueron absueltos.

El fin de semana una comitiva de los quejosos anunció que tomarían de nuevo el palacio municipal, con el argumento de que la comisión de cabildo, encabezada por el alcalde panista Gustavo Sánchez Vásquez, que atiende sus demandas, incumplió con los puntos torales del pliego petitorio entregado a las autoridades la última semana de enero.

Los miembros del Movimiento de Resistencia Civil han protestado desde inicios del año por el gasolinazo, los intentos del gobierno encabezado por el panista Francisco Vega de Lamadrid, de privatizar el agua, el aumento de impuestos y de costos en los servicios, y en repudio a los altos sueldos de gobernantes y funcionarios de primer nivel.

Durante más de dos semanas ocuparon las oficinas gubernamentales del Centro de Gobierno de Mexicali, donde se ubican los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de la alcaldía. Los inconformes liberaron las instalaciones, luego de las multitudinarias e históricas manifestaciones en la entidad. Días después Francisco Vega anunció la derogación de la ley que privatizaba el servicio de agua.

Desde la primera toma de la sede de la alcaldía, el 12 de enero, prevaleció el diálogo entre los integrantes del movimiento de resistencia civil y el gobierno municipal, por ello acordó la instalación de mesas de trabajo para el cumplimiento de las peticiones.

El documento en el que trabajaron los quejosos y la comisión especial de cabildo contempla la reducción en el impuesto predial, eliminación del gravamen por derecho al alumbrado público, impulsar una tarifa de transporte público justo e instaurar apoyos a los ciudadanos de bajos ingresos.

Plantea eliminar el fuero para el presidente municipal, revisar los procesos para adjudicar concesiones y expedición de placas a transportistas, impedir la realización del proyecto ambiental Ecozone y regular de manera estricta los permisos a empresas y proyectos de impacto ambiental mediante consulta popular para su autorización.

También piden reducir el sueldo del edil y miembros del gabinete, que los regidores sean electos por la ciudadanía, que se elimine el cobro a unidades deportivas y parques recreativos y se forme una asamblea ciudadana vinculante con la función de captar las propuestas de los habitantes de la capital.

El edil Gustavo Sánchez Vásquez accedió a no recibir sueldo mayor a 60 mil pesos, pronunciarse en favor de renunciar al fuero y trabajar de cerca con una asamblea ciudadana en la realización de programas y políticas públicas.

Sin embargo, se opuso a eliminar el impuesto por derecho al derecho al alumbrado público con el argumento de que la erogación de 81 millones de pesos anuales es necesaria para mantener el servicio en la ciudad.

Refirió que la Comisión Federal de Electricidad factura al año al ayuntamiento de Mexicali 142 millones de pesos. El edil panista propuso reducir el predial sólo a 31 mil familias. Estas medidas causaron una ruptura en las mesas de negociación.