Washington.

“La represión contra criminales ilegales es sencillamente el cumplimiento de mi promesa de campaña. Miembros de bandas, traficantes de droga y otros están siendo deportados”, tuiteó este domingo el presidente estadunidense, Donald Trump, al defender recientes redadas y expulsiones de indocumentados.

Con este tuit, Trump parecía contradecir al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que el sábado aseguró que se trata de operaciones rutinarias, en momentos en que Stephen Miller, funcionario de la Casa Blanca, lanzó un fuerte ataque contra un tribunal federal de apelaciones que bloqueó el decreto presidencial sobre inmigración, al calificar al fallo de usurpación judicial de poder.

Según el ICE, las noticias del aumento de puntos de control y de redadas son falsas, peligrosas e irresponsables, además de que generan pánico masivo y ponen a las comunidades y a los agentes de inmigración en un peligro inecesario.

Las autoridades migratorias detuvieron a más de 350 inmigrantes indocumentados esta semana en seis estados y muchos de ellos fueron deportados a sus países de origen, según la prensa estadunidense.

El presidente firmó el 25 de enero una orden ejecutiva para aumentar el número de agentes migratorios y las redadas de indocumentados, dando prioridad a los inmigrantes con antecedentes criminales y a los que suponen una amenaza para la seguridad nacional, pero también a los que cometieron faltas menores.

Trump prometió durante la campaña electoral que iba a deportar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven actualmente en Estados Unidos, la mayoría de origen latinoamericano.

Tras ganar las elecciones advirtió que deportaría de inmediato a unos dos o tres millones de indocumentados criminales o con antecedentes penales.

El ex presidente Barack Obama deportó en sus ocho años de gobierno a unos 2.8 millones de inmigrantes indocumentados, más que ningún otro presidente hasta ahora.

Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, declaró a Fox News Sunday que los poderes del presidente aquí están fuera de toda duda, tras criticar duramente la decisión de la corte de apelaciones del noveno circuito de Estados Unidos de bloquear el decreto migratorio.

El noveno circuito tiene una larga historia de revocaciones y extralimitaciones. No tenemos supremacía judicial en este país, sostuvo, y, luego de señalar que se tienen contempladas todas las opciones posibles, subrayó que el gobierno tiene la posibilidad de apelar ante la Suprema Corte, defenderse ante los tribunales o aprobar un nuevo decreto.

No hay duda sobre las prerrogativas del presidente, insistió el asesor, considerado el inspirador de las primeras medidas antimigración de Trump. El presidente tiene el poder de prohibir el ingreso al territorio (estadunidense) a algunas personas, señaló.

Trump mencionó el viernes la posibilidad de preparar un decreto totalmente nuevo y dijo que anunciará nuevas medidas el lunes o el martes.

El decreto prohibía el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana durante 90 días y de refugiados de cualquier origen durante 120 días. La disposición fue suspendida el 3 de febrero por el juez federal de Seattle James Robart, y su fallo confirmado el jueves pasado por la corte de apelaciones de San Francisco, que rechazó el argumento del gobierno según el cual la justicia no tiene derecho a controlar su política migratoria.

Trump escribió este domingo en Twitter que 72 por ciento de los refugiados que ingresaron a Estados Unidos entre el 3 y el 11 de febrero, durante el fallo del tribunal, provenían de los siete países incluidos en su decreto (Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen), dando a entender así que la decisión de la justicia ha abierto una brecha que aprovechan los ciudadanos de países que él considera una amenaza.

Grupos defensores de los inmigrantes afirman que el gobierno ha deportado a más personas como parte de una aplicación demasiado estricta de las leyes.

Al continuar la resistencia a las medidas antimigratorias de Trump, la Universidad Penn State calificó de profundamente ofensivos unos carteles aparecidos en el campus en los que se llama a la gente a reportar a inmigrantes sin autorización.

Parecen diseñados para provocar enojo, temor y odio, y la universidad los encuentra profundamente ofensivos, indicó el centro de estudios en un comunicado.

Las autoridades dijeron que los posters comenzaron a aparecer en las carteleras del campus principal del State College. El diario estudiantil The Daily Collegian indicó que imágenes de los carteles estuvieron circulando en las redes sociales durante la semana, y publicó uno de ellos en el que se lee: “Es tu deber cívico reportar a cualquier y todos los inmigrantes ilegales. Ellos han quebrantado la ley”.

Los afiches no están firmados, señaló Penn State en un comunicado.

La Asociación Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) reportó que como aparente resultado de la fuerte oposición a Trump dentro de Estados Unidos, experimentó un resurgimiento inusitado tanto en donaciones como en miembros nuevos.

Mientras lucha con el gobierno sobre el alcance de la autoridad constitucional de Trump, la organización casi centenaria refirió que su número de miembros ha crecido más de ciento por ciento desde las elecciones y que ahora tiene casi 1.2 millones.

La ACLU agregó que desde el 20 de enero ha recibido casi 80 millones de dólares en contribuciones en línea. Eso incluye una recaudación récord de 24 millones de dólares los dos días después de que Trump firmó el decreto contra ciudadanos de siete países con población musulmana. Precisó que la cifra de sus seguidores en Twitter se triplicó.

En tanto, el senador demócrata Al Franken, de Minnesota, dijo al programa State of the Union, de la cadena de televisión CNN, que unos cuantos de sus colegas republicanos han manifestado preocupación por la salud mental de Trump, misma que surge por la forma en que todos tenemos esta sospecha de que miente mucho; dice cosas que no son ciertas. Eso es lo mismo que mentir, supongo, añadió.

Franken citó la afirmación, sin bases, de Trump de que habría ganado el voto popular en la elección presidencial si entre 3 y 5 millones de inmigrantes que viven en el país sin autorización legal no hubieran votado por su adversaria demócrata, Hillary Clinton.