Chihuahua, Chih.

Docentes y administrativos de la Universidad Pedagógica Nacional en la entidad y de las normales de Parral y Saucillo rechazaron la intentona del ex secretario de la sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alejandro Villarreal Aldaz, y su equipo cercano, de apoderarse de 15 plazas de educación superior, cancelando las que ahora ocupan en el nivel básico.

En un desplegado con la firma de 231 trabajadores de la educación, denunciaron que Villarreal Aldaz busca colocar a su grupo dentro de las normales, a pesar de que no cumplen con los perfiles establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

No cumplen con la formalidad que implican esos trámites. No se llevó a cabo ninguna valoración de las necesidades académicas para justificar el ingreso de nuevo personal. Tampoco se respondieron las solicitudes de maestros que ocupan puestos en educación superior para completar sus tiempos laborales y que están en espera desde hace años.

Acusaron al ex secretario de la sección 8 de suspender desde enero del 2016 el proceso de cancelación-creación de las plazas a espaldas del magisterio, violentando el concurso de oposición para ingresar como docente a las instituciones de educación superior y los procesos escalafonarios del personal que ya labora en esos centros.

Señalaron que los ex líderes sindicales están huyendo de la reforma educativa, que los obliga a cumplir estrictamente con su jornada laboral y la evaluación de su desempeño. Los intentos de arribo a cualquier institución de esa forma representan una serie de prácticas sindicales que le hacen mucho daño a la educación porque carecen de ética y lastiman a las instituciones y al gremio, expresaron.

Villarreal Aldaz ocupa la cartera de agenda internacional en el comité ejecutivo nacional del SNTE. El 25 de enero, en rueda de prensa, dijo que presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del director de los Servicios Administrativos de Chihua-hua, Manuel Arias, quien denunció un desvío de fondos por 3 millones de pesos durante el último año de la gestión del ex líder sindical al frente de la sección 8.