De hecho sumamente serio calificó Alejandro Calvillo, presidente de la organización El Poder del Consumidor, que se haya comprobado, en un estudio de The Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, Canadá, que activistas en pro del derecho a la salud en México fueron víctimas de un potente software de espionaje denominado Pegasus, plantado en sus teléfonos celulares por medio de mensajes de texto intimidatorios.

En entrevista con La Jornada, Calvillo (uno de los principales promotores del impuesto a las bebidas azucaradas para frenar la epidemia de obesidad y diabetes) demandó al gobierno federal investigar los hechos y garantizar la seguridad de los afectados, ya que el programa espía (spyware) empleado corresponde a un sistema sofisticado diseñado por la empresa israelí NSO Group para combatir el terrorismo y la delincuencia, el cual sólo puede ser adquirido por los gobiernos, de acuerdo con el reporte de CitizenLab.

En sus redes sociales El Poder del Consumidor dio a conocer la publicación en un prestigiado diario estadunidense del informe elaborado por The Citizen Lab –en colaboración con los colectivos Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC–, el cual señala que en 2016 se aplicó una operación de espionaje a los activistas Alejandro Calvillo y Luis Encarnación, coordinador de la Coalición ContraPeso, y al investigador Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública, todos promotores del impuesto a las bebidas azucaradas y de colocar etiquetado transparente y veraz a los productos.

Calvillo señaló que se trata de la primera ocasión en que documenta un caso de espionaje contra activistas (en pro de la salud) en América Latina. Hay coincidencia de (vigilancia a) tres personas que hemos trabajado en diferentes ámbitos, desde la investigación, el contacto en los congresos y en la actividad pública, empujando el tema del impuesto a las bebidas azucaradas y del etiquetado.

Agregó que de acuerdo con el reporte dado a conocer por CitizenLab se trata de un sofisticado software, que representa un atentado contra la seguridad de las personas, es una violación total de los derechos humanos y un servicio a la industria. Agregó que al tratarse de un spyware que sólo pueden adquirir las autoridades, debe investigarse “sobre todo si hay gente dentro del gobierno que le está haciendo este servicio a la industria.

“Sabemos que no somos los únicos, pero es la primera vez que se logra comprobar. Es muy grave que sea con un instrumento que, según la evidencia, el gobierno es el único que lo ha comprado y que se usó para espiarnos y defender intereses. Es muy grave que los mensajes que llegaron para introducir el spyware venían con una intimidación; en mi caso (las ligas) te canalizaban a la página de una conocida funeraria”.