El informe que la Procuraduría General de la República (PGR) entregó el jueves pasado a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos omitió consignar una serie de irregularidades graves cometidas por el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, que sí estaban incluidas en la investigación hecha por el anterior visitador de la institución, César Chávez Flores.

Así lo demostró un análisis realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH), donde se destaca que en la nueva resolución de la PGR sobre el tema no se pide indagar cuál es la trascendencia penal de la actuación de Zerón y otros funcionarios, lo cual hará que sólo reciban una sanción administrativa leve.

En un cuadro comparativo hecho por el ProDH, se puede apreciar que varios temas incluidos en un informe interno que elaboró el ex visitador de la PGR César Chávez Flores –publicado en diciembre de 2016 por el diario The New York Times– no son mencionados en el nuevo documento, elaborado por la actual visitadora, Adriana Campos López, y entregado a los padres de los normalistas el 9 de febrero.

Entre las irregularidades que el informe actual simplemente no consigna está el hecho de que Zerón realizó diligencias en el basurero de Cocula –donde la PGR afirma que los 43 estudiantes fueron asesinados y quemados– sin estar bajo la dirección del Ministerio Público, o que estas acciones vulneraron el derecho a la defensa de Agustín García Reyes, El Chereje, uno de los principales acusados por la agresión contra los jóvenes.

De igual forma, el documento no se pronuncia sobre los indicios de tortura contra García Reyes, la falta de integración en el expediente de todo el acervo probatorio (especialmente fotos y videos), y omite reportar la actuación policial en el Río San Juan, donde se supone que fueron esparcidas las cenizas de los 43 normalistas.

Tampoco hay mención alguna de la falta de constancias que acrediten el hallazgo de las cuatro bolsas de plástico donde se encontraron las mencionadas cenizas, la presentación de videos editados por parte de la AIC y la manipulación dolosa de la presencia de funcionarios de Naciones Unidas para sugerir falsamente que habían atestiguado las diligencias en el río San Juan.

Además, el nuevo informe asegura que las detenciones de siete personas –incluido El Chereje– fueron legales, cuando el anterior documento señalaba que habían sido realizadas de manera ilegal y arbitraria.

En lo que concierne a las posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, el informe señala que Tomás Zerón trasladó a García Reyes al basurero de Cocula sin la autorización de un juez. Dicho punto era señalado en el proyecto del anterior visitador como una violación a la verdad y se pedía investigar la posible trascendencia penal de la falta.

Asimismo, el proyecto de Chávez Flores proponía cesar a Blanca Alicia Bernal, agente del Ministerio Público, por diversas omisiones e irregularidades, y cancelar el certificado del fiscal Jorge García Valentín, quien permitió la salida de El Chereje de los separos. Sin embargo, en el más reciente informe no se pide investigar al respecto, y por ende todo quedaría en responsabilidades administrativas leves.