El sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue de ayuda a migrantes Hermanos en el Camino, presentó una queja administrativa contra la Secretaría de Salud (Ssa) federal y la del estado de Oaxaca por la deficiente atención médica que prestan a los migrantes indocumentados –la mayoría centroamericanos– que atraviesan el país rumbo a Estados Unidos.

A partir de una investigación de la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Solalinde denunció que entre los abusos del personal médico se cuentan amputaciones de miembros por falta de atención oportuna, muertes provocadas por transfusiones sanguíneas equivocadas, negativa de retrovirales a víctimas de violencia sexual y trato discriminatorio e indigno de forma sistemática.

En el documento entregado el 8 de febrero a la Secretaría de Salud de Oaxaca, se consignan varios casos de atención médica deficiente ocurridos entre 2006 y 2017, que ejemplifican las constantes violaciones al derecho a la salud de los trabajadores internacionales sin documentos.

Uno es el de Orlando José Pérez Granados, nicaragüense, quien en mayo de 2006 sufrió un accidente en el tren que le hizo perder una pierna. Sin embargo, al ser internado en el Hospital General de Juchitán, los médicos le transfundieron un tipo de sangre diferente al suyo, lo que le causó hemólisis severa y, por tanto, la muerte.

La transfusión equivocada ocurrió debido a que Pérez Granados tuvo que permanecer internado más tiempo del indicado, aunque ya había sido dado de alta, porque las autoridades no tenían vehículo para transportarlo.

Otro caso es el de un hondureño, quien en diciembre de 2016 recibió mala atención en el Hospital General de Ixtepec, donde había llegado con heridas graves en los pies tras caminar durante muchas horas, situación que se volvió más delicada porque el migrante era diabético.

Además de recibir comentarios burlones de los médicos, quienes lo llamaron cachuco (término peyorativo que viene de los vocablos ca: centroamericano, y chuco: sucio, es decir, centroamericano sucio), el paciente estuvo hospitalizado menos tiempo del necesario sólo por ser migrante y no recibió insulina ni otros medicamentos necesarios para curarlo.

En mayo de 2011, un joven salvadoreño sufrió la amputación del pie izquierdo en el Hospital General de Oaxaca, luego de que en el Hospital General de Ixtepec se le atendió mal una herida tras caer del tren en que viajaba.

Un caso más es el de una guatemalteca a quien en noviembre de 2012 se le negó la atención médica en los hospitales generales de Juchitán e Ixtepec, pese a encontrarse embarazada y con dolores de parto. La mujer permaneció seis horas sin ser atendida, antes de que finalmente se le ingresara, apunta la denuncia. La tardanza en la atención, generada por un traslado posterior a otro nosocomio donde nadie quería responsabilizarse del caso, propiciaron que se acabara el líquido amniótico en el cuerpo de la paciente y se le tuviera que practicar una cesárea de urgencia. Por ello su hija tuvo que pasar cinco días en incubadora, debido a una infección bacteriana.

En la queja de Solalinde se consignan los casos de dos migrantes víctimas de violación, a quienes se les negaron medicamentos antirretrovirales, pese a que éstos pueden prevenir enfermedades de transmisión sexual si se toman en las 72 horas siguientes al ataque.

Érika Mendoza, abogada de MMCI, declaró a La Jornada que esta situación forma parte de una crisis generalizada en el sector salud de Oaxaca, pero los abusos se agravan contra los migrantes debido a que las autoridades ya saben que esta población vulnerable no presentará una queja.

“Los médicos dicen ‘mejor atiendo a la gente de aquí (mexicanos) que sí me va a meter una denuncia, que atender debidamente a un migrante, porque ellos no se van a parar a iniciar una queja administrativa, porque si lo hacen es muy probable que los deporten’”, lamentó.

Es muy fácil quejarse de la discriminación en Estados Unidos contra los mexicanos, cuando la que se sufre en la frontera sur (contra los migrantes centroamericanos) es igual de grave y violenta. La gente cree que los migrantes se meten a la delincuencia, pero esos riesgos no justifican de ninguna manera una indebida atención médica, subrayó.