La iniciativa de ley para la atención y protección de los mexicanos en el exterior y su retorno ordenado y favorable propone una nueva política para recibir de manera digna a los mexicanos repatriados de Estados Unidos, ante un escenario de deportaciones masivas sin precedente, llevadas a cabo por el gobierno de Donald Trump.

El antecedente más cercano fue el Decreto de Repatriación de la ley del 12 de junio de 1848, creada para recibir a la población mexicana que se encontraba en el territorio cedido a Estados Unidos.

La iniciativa fue presentada ante el pleno senatorial por el coordinador perredista Miguel Barbosa y se suma a otras tres de senadores del PRI que también buscan la protección de migrantes. Serán dictaminadas a la brevedad, ya que es un tema prioritario para todas las fuerzas políticas.

La propuesta de los senadores del PRD, recalcó Barbosa, fue elaborada conjuntamente con expertos en el fenómeno migratorio, a partir de la urgencia de salvaguardar los derechos de quienes están en situación de vulnerabilidad –frente al endurecimiento y hostilidad de Trump–, particularmente de los migrantes indocumentados.

La nueva ley, detalló, considera acciones de gobierno para el retorno ordenado de los deportados y los mexicanos que de manera voluntaria decidan regresar a México, así como programas e incentivos que propicien su adecuada reinserción económica y social, privilegiando la unidad de las familias.

En la exposición de motivos se resalta que por medio de la nueva ley se busca dotar al Estado mexicano de herramientas para afrontar una situación de retorno sin precedente de migrantes. Se crea un programa especial, denominado Ventanilla única, bajo la coordinación del Instituto Nacional de Migración, para dar atención integral y digna a los repatriados, mediante trámites ágiles y gratuitos.

Mediante esa Ventanilla única, las entidades y dependencias torgarán asistencia psicológica y sanitaria, para trámites notariales, registrales y civiles, así como programas para incorporarse a empleos.

Se plantea que la Secretaría del Trabajo, en coordinación con las de Hacienda, Economía y Desarrollo Social, así como entidades federativas, creará programas especiales para que los repatriados tengan acceso a empleos definitivos o temporales, y para financiar micro y pequeñas empresas.

Asimismo, la iniciativa perredista prevé exenciones tributarias para los repatriados, a fin de que puedan introducir al país, libres de impuestos, bienes destinados a su actividad laboral –herramientas, aparatos e instrumentos–, así como su menaje y la importación definitiva de un vehículo de uso particular o de trabajo.

Igualmente, podrán introducir a México dinero en efectivo, cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar, hasta por 15 mil dólares. Los migrantes que retornen al país tendrán derecho a acceder a todos los programas sociales, de salud, vivienda y educación.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, la senadora priísta Marcela Guerra, presentó dos iniciativas la semana pasada. Una es para reformar la Ley General de Población, a fin de establecer que los derechos de los repatriados estén en vanguardia con los derechos humanos y los tratados internacionales signados por México.

Otra iniciativa propone modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Extinción de Dominio, a fin de que un remanente de los bienes decomisados se destine a apoyar a los consulados en Estados Unidos.

El senador del PRI Jesús Casillas presentó también una propuesta para modificar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para poner en marcha programas y acciones encaminadas a solucionar los problemas de los migrantes y fomentar su desarrollo. Se plantea que ante el riesgo que corren millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, de ser deportados, sean considerados como grupo vulnerable, que debe recibir atención prioritaria y asistencia social.

Se trata del tema más importante que debe atender el Congreso y por ello se debe dar celeridad al dictamen de las iniciativas para proteger a los migrantes, recalcó Casillas.