La violencia persistente en Centroamérica y las políticas migratorias del nuevo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, convertirán a México en país de destino (ya no de tránsito) para miles de personas tanto de esa región como de otras del mundo.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y organizaciones civiles advierten una ola inusual de solicitudes de este tipo de protección. Por ello es urgente reforzar la difusión de datos sobre esta alternativa de protección. El objetivo es no repatriar a personas que corren riesgo en sus lugares de origen.

En 2016 se registraron 8 mil 781 peticionarios de refugio, principalmente hondureños (4 mil 119); salvadoreños (3 mil 488); guatemaltecos (437) y venezolanos (361). Ello significó un aumento de mil 67 por ciento comparado con la recepción de un lustro atrás.

Para 2017 el Acnur calcula que se alcanzarán 20 mil solicitudes, lo que colocaría a México no sólo en una situación de gran complejidad, sino también en la posibilidad de volver a buenos tiempos como nación solidaria.

Sin embargo, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) de la Secretaría de Gobernación, responsable de fijar y operar las políticas de nuestro país en esta materia, tiene apenas una plantilla de medio centenar de empleados, entre ellos una veintena de especialistas que teóricamente tendría que revisar e investigar las historias de miles de extranjeros.

El año pasado el Acnur auspició la contratación de 29 personas en la Comar, para apoyar en la realización de entrevistas y apoyo sicosocial a los migrantes.

La Comar es una de las oficinas más pequeñas de Gobernación. En 2017 tendrá un presupuesto, pese a un magro aumento, de 25 millones de pesos, utilizados sustancialmente para pago de nómina.

Mark Manly, representante en México del Acnur, dijo que el principal reto es que los migrantes tengan aquí la información adecuada y acceso al procedimiento de refugio.

También debe haber durante el proceso condiciones adecuadas, seguras y dignas para los solicitantes. Hace unos días en la frontera sur ingresó una familia de 21 integrantes, debido a que uno de ellos fue amenazado de muerte por una pandilla –en Centroamérica– y toda la familia salió huyendo.

Cada vez más escuchamos acerca de personas que no llegan aquí en tránsito a Estados Unidos, sino que vienen con la idea de quedarse en México y, por tanto, se acercan al Acnur, a la Comar o a algún albergue (en Chiapas) y hacen su solicitud ahí mismo, dijo.

No obstante, comentó en entrevista, persisten los retos de información, en especial en las estaciones migratorias, donde las personas están ahí por controles (de Gobernación) y la mayoría son devueltos.

El Acnur calcula que en diciembre había en las estaciones migratorias unas 600 personas con las características para salir a albergues –operados por la sociedad civil– e iniciar desde ahí su solicitud de refugio.

Nancy Pérez, directora de la organización civil Sin Fronteras, insistió en la necesidad de revisar los procedimientos y criterios de operación de las estaciones migratorias, así como de la situación de los extranjeros que, pese a haber solicitado refugio, permanecen todo el proceso (45 días) en detención; lo mismo ocurre con quienes denuncian ser víctimas de un delito o violación a sus derechos humanos.

El año pasado se aplicó un programa piloto para trasladar a familias de la estación migratoria de Tapachula a la de la Ciudad de México y de ahí eran canalizadas a algún albergue. Hasta ahora Gobernación no ha dado a conocer el resultado o la viabilidad de ese programa temporal.

De 2000 a 2015, México ha detenido en estaciones migratorias a 2.1 millones de extranjeros. En el bienio 2015-2016 fueron 400 mil, la mayoría procedentes de Centroamérica.