Río de Janeiro.

Los policías del estado brasileño de Espírito Santo no retomaron ayer sus labores, pese al acuerdo alcanzado para poner fin a una huelga que ha provocado un brote de violencia saldado con al menos 137 muertos. Familiares de los uniformados continuaron bloqueando los accesos a los cuarteles. La protesta, que comenzó hace ocho días en dicha localidad, se extendió a Río de Janeiro, donde cada vez más agentes se unen a ella.

Según los términos del convenio, firmado la noche del viernes con autoridades locales, policías y bomberos militares se comprometieron a reanudar labores este sábado a las 7 de la mañana, pero la situación no cambió.

Conversamos con nuestros soldados, les pedimos sentido común y que retomen las actividades, pues hay más de 100 muertos, afirmó el secretario de Derechos Humanos de Espírito Santo, Julio César Pompeu. En dicho acuerdo, que no recoge las reivindicaciones salariales, el gobierno se compromete a realizar las promociones de los policías que lo merezcan por ley y a formar una comisión para revisar la carga horaria de los efectivos.

En la reunión no participaron representantes de los familiares, la mayoría mujeres, quienes desde hace una semana bloquean la salida de los cuarteles en reclamo de mejores salarios y condiciones laborales para los policías, quienes constitucionalmente no tienen derecho a realizar huelgas.

La protesta dejó las calles de Victoria, la capital del estado, y de varias ciudades del sureste de Brasil sin patrullaje durante siete días. Aunque el gobierno federal desplegó tropas para contener la situación, se reportaron al menos 137 decesos desde que comenzó el paro, así como saqueos y enfrentamientos.

El ministro de Defensa, Raúl Jungman, declaró: La situación no se ha normalizado, pero estamos en el buen camino. Desde la llegada del ejército los saqueos a comercios cesaron y el número de homicidios se redujo considerablemente. El ministro estuvo ayer en Vitória para mantener una reunión con autoridades locales. Jungman hizo un llamado para que los buenos policías hagan honor a su uniforme y destacó que las reivindicaciones son justas, pero no deben poner en peligro a la población.

En Río de Janeiro las protestas se efectuaron en 29 comisarías, informó O Globo.

Con esas acciones los policías intentan conseguir el pago de aguinaldos y mejoras de las condiciones laborales. Autoridades del estado anunciaron ayer que 703 policías ya fueron acusados del delito de revuelta. Se espera que tras el rechazo del acuerdo el número aumente. Según la Agencia Brasil, los agentes pueden ser sentenciados a entre ocho y 20 años de cárcel.