Los tres hijos de Nadia Alejandra Muciño Márquez fueron testigos de su asesinato. En febrero de 2004, cuando aún eran niños, narraron a su abuela, María Antonia Márquez, cómo su propio padre, Bernardo López Gutiérrez, y el hermano de éste golpearon y mataron a su mamá en su casa, en el estado de México.

Aunque el dictamen pericial lo confirmó, las autoridades de procuración de justicia en la entidad consideraron que lo dicho por los niños fue producto de su fantasía.

En conferencia de prensa a propósito del aniversario luctuoso de su hija, Antonia Márquez señaló que esta situación y una serie de irregularidades en el proceso –como que los peritos olvidaran sellar el lugar de los hechos, que permitió a la familia de los homicidas quemar toda la evidencia– han impedido que se dicte sentencia al culpable y posibilitaron que su cómplice fuera absuelto.

Alberto Muñoz, de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, que brinda ayuda a la señora Márquez, señaló que los niños víctimas y testigos de delitos tienen derecho a expresar, declarar y prestar su testimonio y a que se les crea.

Para ello, indicó, con varias valoraciones se determina si un delito deja huella. Es un primer punto de que ese niño sufrió violencia o incluso pudo ser testigo, por el impacto sicológico que recibe. Después se revisan los criterios de credibilidad para determinar qué tanto de lo que dice es vivencia o fantasía.

Muñoz indicó que aun cuando en México existen protocolos que han ido emitiendo tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como las procuradurías, en la práctica se olvidan. Seguimos estando muy atrasados en el tema de la forma en que los adultos debemos adecuar el proceso para que un niño sepa qué es lo que tiene que hacer.

A la conferencia de prensa también asistió Nancy López, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien señaló que este caso se presentó en 2010 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en octubre del año pasado obtuvieron respuesta. Ahora esperan que sea analizado y con esto se visibilice el contexto de violencia feminicida en el estado de México y que el Estado ofrezca garantías de que un caso como el de Nadia no volverá a ocurrir.