Mexicali, BC.

Con matices, las ocho fuerzas políticas que integran el Congreso local respaldan –y por ello les dieron entrada a comisiones durante la sesión más reciente– las iniciativas de reforma a leyes electorales y a la Constitución local para eliminar las prerrogativas a los partidos y el fuero a los gobernantes. También para disminuir el número de diputados plurinominales, incluir la revocación de mandato y que la elección de regidores sea por voto directo.

Dada la crisis económica que vive el país, la falta de empatía y baja credibilidad de los partidos, es necesario que el Instituto Estatal Electoral deje de dar financiamiento público a las fuerzas políticas, comentó Luis Moreno Hernández, coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) y autor de la iniciativa de ley.

Comentó que el proyecto que presentó antes va de la mano con el que propuso en el Congreso de la Unión el diputado Alfredo Ferreiro Velazco, también del PES. A esta reforma se sumó una iniciativa similar de la bancada del PRI, que a inicios de este año anunció que renunciaría a las prerrogativas en 2017.

Para este año los nueve partidos con registro en Baja California (el PVEM no tiene representación parlamentaria) recibirán 121 millones de pesos.

En este caso, Rocío López Gorosave, legisladora del PRD, consideró necesario determinar nuevos criterios para fijar límites de las erogaciones que se utilizan en precampañas y campañas, y de los montos máximos que tengan sus militantes y simpatizantes.

Propuso modificaciones a la ley electoral para la fórmula con la que se otorga las prerrogativas tomen en cuenta 33 por ciento del salario mínimo y no 65 por ciento como se hace actualmente.

Aunque consideraron que primero debe reformarse la legislación federal, los representantes del PAN y del Partido Baja California (PBC) presentaron dos iniciativas para eliminar el fuero e incluir la revocación de mandato a servidores de representación popular.

“En el México actual no tiene cabida el fuero constitucional, ni mucho menos la declaración de procedencia… Nuestro propósito es que no haya más pretextos jurídicos para que los funcionarios públicos sean tratados igual que cualquier ciudadano cuando cometan delitos”, dijo Andrés de la Rosa, diputado panista.

Jorge Núñez Lozano, del PBC, busca reformar el artículo 12 de la Constitución local para que la revocación de mandato de un gobernante o representante popular proceda si más de 50 por ciento de electores se pronuncia en favor.