La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó ayer la opinión que respalda la iniciativa del PRI relativa a la ley de seguridad interior, en una reunión donde el ex dirigente del PAN, Manuel Espino Barrientos, votó a favor sin haber consultado la postura de su bancada, Movimiento Ciudadano.

Dos diputados de Morena y una del PRD fueron los únicos que votaron en contra, con el argumento de que una legislación de ese tipo sólo pretende regularizar la intervención de los militares en las calles.

Espino, quien votó junto con PRI, PAN y PVEM, fue descalificado por su bancada, la cual emitió un comunicado para deslindarse de él.

Movimiento Ciudadano ha señalado que no acompañará ninguna legislación que ponga en entredicho la protección de los derechos humanos. Seguimos en un proceso de análisis de las iniciativas de seguridad interior, con independencia de la posición y sentido del voto que emitió el diputado Espino, aclaró el partido.

En la reunión de la comisión, el diputado Cuitláhuac García Jiménez (Morena) sostuvo que la redacción propuesta en la iniciativa legalizaría cualquier acción armada del Ejército y la Marina en las calles.

Citó que la fracción tercera del artículo 7 señala que la intervención de las fuerzas armadas se daría ante cualquier acto que ponga en peligro la seguridad.

Para el legislador, esto implicaría hacer legal el fusilamiento, el tiro de gracia y la violación de derechos humanos. Junto a él, la diputada priísta Marcela González Salas exclamó: ¡Eso no es cierto!

El ex candidato al gobierno de Veracruz sostuvo: ¿Y qué hizo el Ejército en Tlatlaya? No digo que los militares sean los responsables, sino quien los mandó a la calle a tareas de seguridad pública.

La diputada Cristina García Bravo (PRD) sostuvo que el Congreso de la Unión no tiene atribuciones para legislar en materia de seguridad interior, sino únicamente de equidad nacional, según lo dispone el artículo 73 de la Constitución.

Expuso que la iniciativa, así como la del PAN en el Senado, permite que las fuerzas armadas desempeñen funciones extraordinarias de seguridad pública por tiempo indefinido, sin controles constitucionales, y ello derivaría en vulnerar gravemente los derechos humanos.

Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador del PRI, señaló que si bien la iniciativa no considera un plazo específico para el regreso de los militares y marinos a sus cuarteles, se definen condiciones que marcan su actuación y hasta cuándo podrían realizar funciones de seguridad pública.