En México, poco más de 17 mil adolescentes y jóvenes (menores de 18 años) se encuentran en conflicto con la ley. De ellos, 3 mil 500 están en un centro de reclusión, acusados de haber cometido delitos graves.

En un contexto de austeridad o carencia de recursos presupuestales, la Secretaría de Gobernación (SG) busca alternativas para evitar la reincidencia de los menores de edad.

Sin embargo, hasta ahora, en la mayoría de las entidades del país donde se hallan recluidos los jóvenes, los centros no tienen las condiciones adecuadas para evitar la recaída delictiva de este sector de la población, advirtió la dependencia.

La cifra de menores en esa situación sería ahora mayor a la reportada en 2013, cuando 11 mil 559 jóvenes cometieron infracciones incluidas en las leyes penales y 4 mil 959 de ellos estaban privados de su libertad, dijo en 2014 la especialista Elena Azaola, quien realizó un estudio respecto de los antecedentes sociales y familiares de los jóvenes presos.

Los planes gubernamentales se enfrentan a escasez de recursos. Ante ello este año echará mano de unos 500 millones de pesos de un fondo federal para el fortalecimiento de la seguridad pública, es decir, se tomará 10 por ciento de ese rubro para contratar a personal especializado para atender los 101 centros integrales de prevención construidos entre 2013 y 2016 con recursos federales.

Lo que estamos haciendo es aprovechar al máximo todos los recursos de otras dependencias y entidades para desarrollar estos programas, dijo el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la SG, Alberto Begné, quien presentó ayer un decálogo de acciones en la materia.

En esa lista se incluyó el apoyo para la atención a mexicanos repatriados de Estados Unidos, a fin de promover su incorporación laboral al país y, especialmente dentro de las horas siguientes a la deportación, protegerlos de riesgos o agresiones de la delincuencia.

Ante el nuevo gobierno de Estados Unidos –y la posibilidad de aumento en las deportaciones de paisanos– se propondrán protocolos de atención inmediata y apoyo a albergues.

La estrategia de Gobernación es ahora distinta respecto de los primeros cuatro años del sexenio, cuando sí había recursos o subsidios directos del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred).

Las acciones deberán apoyarse en un grupo de dependencias federales y gobiernos estatales, así como en el trabajo de estudiantes y académicos universitarios y organizaciones de la sociedad civil.

El Pronapred tuvo recursos, durante el periodo 2013-2016, por más de 9 mil millones de pesos; para 2017 este subsidio está en ceros, de ahí la necesidad de apoyarse de instancias públicas y privadas para evitar el cierre o la cancelación de programas iniciados en los municipios y las colonias clasificadas como las más violentas del país.

El decálogo incluye la participación ciudadana en tareas de evaluación o contraloría social de políticas públicas, y el lanzamiento de la plataforma Jóvenes x Jóvenes, como red nacional con el apoyo de dirigentes estudiantiles de 23 universidades aunque la meta es la participación de 200 instituciones de este tipo, a través de talleres e intervenciones en sus comunidades.