Hermosillo, Son.

El año pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió 91 averiguaciones previas contra familiares y ex funcionarios de la administración estatal encabezada por el panista Guillermo Padrés Elías (2009-2015), por presuntos actos de corrupción.

Demandas civiles e institucionales por delitos federales y electorales involucran hasta ahora a 59 funcionarios de primer nivel, a familiares del ex mandatario y a 107 empleados de gobierno de nivel medio e inferior. Fuentes de la PGR revelaron que entre los ex colaboradores de Padrés inmiscuidos se encuentran el ex secretario de Gobierno Roberto Romero López, quien junto a su esposa Mónica Robles Manzanedo es buscado con fichas rojas por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), así como el ex secretario de Salud Bernardo Campillo García y el hermano del ex mandatario Miguel Padrés Elías, con fichas azules.

A través de una solicitud de información, la Comisión Nacional de Seguridad reportó que ha solicitado 32 fichas de búsqueda a la Interpol, cinco rojas y 27 azules, para encontrar en 196 países a los presuntos delincuentes que al amparo del ex gobernador –ahora preso– cometieron actos ilícitos.

Detalló que existen 59 carpetas de investigación de las que se emitieron 38 órdenes de aprehensión contra ex funcionarios; del total, sólo 12 fueron ejecutadas, y el resto solicitaron recursos de defensa. Enunció que los indiciados se han defendido con 225 amparos, 97 en trámite y 128 han sido sobreseídos.

Los jueces han determinado 20 autos de formal prisión y una sentencia condenatoria por 11 delitos como crímenes electorales, desacato al mandato judicial en materia de amparo, desobediencia de un mandato legítimo, ejercicio indebido del servicio público, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, uso indebido de atribuciones y facultades, violación a la Ley de Amparo y violación a la Ley General de Profesiones.

La PGR reconoció la colaboración de las dependencias investigadoras en estos procesos, como la Fiscalía Anticorrupción, la Unidad de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, así como la Procuraduría General de Justicia de Sonora.