El juzgado segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica admitió un tercer amparo, éste promovido por el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Jorge Gaviño Ambriz, como parte de la estrategia del gobierno capitalino para echar abajo el aumento en el precio de los combustibles, y se espera que tengan la misma suerte los 200 interpuestos a partir del 16 de enero.

El titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, Manuel Granados Covarrubias, explicó que de declararse inconstitucional esta medida, se pagaría el precio de la gasolina del año pasado, por lo que se acompañará a quienes los promovieron en sus audiencias los días 6 y 10 de marzo.

Se trata, dijo, de presentar toda la argumentación jurídica en los casos del director de la Autoridad del Centro Histórico, Jesús González Schmal, y del director del STC, a fin de garantizar que se actúe conforme a derecho y no haya dilación de la justicia.

En la inauguración de la exposición Centenario de la Constitución de 1917, en la estación Pino Suárez del Metro, destacó que con la admisión de estos amparos se atenderá la falta de fundamentación y motivación de los acuerdos por los que se creó una diferenciación en los precios de los combustibles, y por qué existe una división del país en 90 regiones.

Además se impugna la constitucionalidad del artículo 27 de la legislación de órganos coordinadores de energía por el que se establece que no se otorgará suspensión en el juicio de amparo tratándose de materia energética, cuando la ley en la materia es la de amparo.

Confió en que los otros 200 casos interpuestos sean radicados en algún juzgado, incluido el suyo, y se atienda su queja por el rechazo de tres amparos, que “metieron en un paquete de 50, sin tener la delicadeza de leerlos. Dijeron: gasolinazo, pues en paquete todo”.

Por su parte, Gaviño Ambriz explicó que su petición de amparo rechaza que las gasolineras manejen precios diferenciados, que es una locura, un absurdo, y que la inactividad de las autoridades federales permita que se den litros incompletos de combustible sin clausurar a las estaciones involucradas.