Con un proceso amañado, violatorio de las leyes laborales y que impidió la libertad sindical de los trabajadores, se llevó a cabo ayer el recuento por la titularidad del contrato colectivo de la minera Micare, de Grupo Acerero del Norte, en Coahuila, propiedad del empresario Alonso Ancira Elizondo, quien “presionó a los trabajadores para que votaran por un sindicato charro” a cambio de dinero.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (Sntmmssrm), que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, señaló que se trató de una maniobra sucia del empresario, confabulado con autoridades laborales y un sindicato de protección para quitarle la titularidad de la sección 293 de este gremio.

Indicó que el conteo se llevó a cabo en medio de ilegales y abusivas presiones, así como amedrentamiento y amenazas de la empresa para favorecer al sindicato que está al servicio de Ancira Elizondo. Entre muchas otras maniobras el empresario ofreció a los trabajadores regresar el dinero de las cuotas sindicales de varios años, a cambio de su voto en favor del sindicato blanco.

De esta forma, con acciones ilegales y amenazas de despidos, el recuento se inclinó en favor del sindicato charro, lo que significará un retroceso en los beneficios colectivos e individuales, planteó esta organización.

El Sntmmssrm expuso que es lamentable que funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y de la Secretaría del Trabajo, que debieran ser garantes del derecho de los trabajadores, se hayan amafiado con la empresa.

“Uno de tantos hechos que delatan esta complicidad es que para este recuento los funcionarios de la JFCA, los abogados de Ancira y los líderes del sindicato charro viajaron en el mismo avión de la Ciudad de México hasta Piedras Negras, Coahuila, lo cual no es una casualidad, sino producto de que estaban de acuerdo en las acciones que iban a cometer.”

Refirió que la empresa ha retenido por años las cuotas al Sntmmssrm, que dirige Gómez Urrutia, y que tenía la titularidad del contrato colectivo, por lo que la promesa de entregarle a otro gremio estos recursos es ilegal y abusiva, y constituye un fraude.