Los académicos Jorge Javier Romero y Alejandro Anaya entregaron a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados la base de datos que registra la participación del Ejército y la Marina en acciones contra la delincuencia, en la que se advierte que con la entrada en acción de las fuerzas armadas la cifra de muertos en los eventos (sin heridos) alcanza 90 por ciento.

Ambos profesores expusieron a legisladores de Morena, PRD y Movimiento Ciudadano que la única forma de solucionar la problemática de seguridad pública es construir instituciones sólidas en materia de procuración de justicia, que trascienda las coyunturas y se fundamente en sólidos cimientos legales.

En tanto, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés) advirtió que el Congreso mexicano debe tener presentes los altísimos costos en materia de derechos humanos que representa regular en la ley de seguridad interior la participación del Ejército y la Marina en operaciones y actividades de seguridad pública.

Además, señaló que enfocarse en esta legislación, sin reconocer a los miles de víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos cometidos por militares daría el mensaje de que la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas no son prioridad para el gobierno ni el Congreso mexicanos.

Romero expuso una tendencia preocupante: no sólo el número de muertos en enfrentamientos con las fuerzas armadas crece dramáticamente año tras año, sino que la producción de fallecidos en eventos sin heridos aumenta, hasta alcanzar 80 por ciento del total. Cuando son las fuerzas armadas las que llevan a cabo el operativo, la cifra de muertos sin heridos alcanza 90 por ciento.

Wola, organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas, también destacó que México necesita urgentemente un sistema de justicia penal funcional y capaz de investigar y llevar a juicio a militares implicados en delitos y violaciones de derechos humanos.

En un análisis sobre los graves costos en materia de garantías fundamentales que traería consolidar la presencia de las fuerzas armadas en las calles, Wola destaca que cualquier discusión legislativa sobre el papel del Ejército en estas tareas debe incluir necesariamente un plan para regresar paulatinamente a los soldados a sus cuarteles, en vez de mantener su presencia en acciones de seguridad pública.

De acuerdo con información obtenida por la organización, sólo en el periodo de enero de 2012 a agosto de 2016 existen 6 mil 182 casos de delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por militares pendientes de investigarse y resolverse, y sólo hay 29 sentencias penales emitidas por jueces federales.