Buenos Aires.

En una ofensiva para golpear a la oposición al gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, en un año electoral, el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó que la ex gobernante Cristina Fernández de Kirchner vaya a juicio oral y público por supuesta administración fraudulenta a raíz de la venta de contratos de dólar a futuro durante el último año de su gobierno.

A pesar de que la venta de dólar a futuro no es delito y es una decisión tomada por el Banco Central, con autonomía para hacerlo, se trata de forzar al máximo la presión judicial en un intento declarado por funcionarios políticos gubernamentales que quieren ver presa a la ex mandataria como sea. Es una imitación de lo actuado por el gobernador oficialista de Jujuy, Gerardo Morales, manteniendo detenida desde hace más de un año a la líder social y diputada del Parlamento del Mercado Común del Sur Milagro Sala, sin ninguna prueba, fabricando causas en forma ilegal.

Morales acaba de expresar su deseo de que la ex presidenta sea detenida, lo cual advierte sobre una situación irregular, como es irregular que al frente de las causas contra la ex mandataria y su familia están jueces y fiscales, que son declarados y públicos opositores desde que gobernaba el país, hasta diciembre de 2015, del Frente para la Victoria.

La solicitud fue presentada ante juez federal Claudio Bonadio, a quien han llamado varios analistas perseguidor serial de la ex presidenta, desde que Fernández gobernaba. En diciembre pasado consideró que la investigación estaba completa, y reclamó que otra veintena de ex funcionarios sean juzgados, entre ellos el ex ministro de Economía, Axel Kicilllof y el ex titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Alejandro Vanoli.

Según la investigación, al poner a la venta el dólar un precio inferior al que estaba fijado por el mercado, se generó una pérdida al Estado por 56 millones de pesos, pero esto sucedió porque tanto las empresas de Macri, como la mayoría de sus funcionarios y amigos compraron dólar a futuro. Días antes de asumir el gobierno de Cambiemos estos funcionarios ya elegidos por Macri decidieron una fuerte devaluación del peso, triplicando las ganancias del dólar a futuro, en su favor lo que resulta una verdadera estafa.

La ex presidenta y Kicillof renunciaron a procesamientos en instancias superiores porque quieren ir a juicio cuanto antes para demostrar su inocencia.

Cristina Fernández de Kirchner sería juzgada por algo que no es delito y que ella ni siquiera debía autorizar.

Taiano formuló su pedido luego que el 14 de diciembre pasado el juez Bonadio decretó la clausura de la investigación, al considerar que no había más pruebas para realizar, y comenzó los pasos previos para finalmente elevar el caso a un Tribunal Oral.

En esta causa, el juez ha fijado a la ex presidenta un embargo por 15 millones de pesos a la vez que persiste una inhibición general de bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias. Esto alcanza a los dos hijos de la ex mandataria, en otra causa armada, ya que le embargan la herencia de su padre el ex presidente Néstor Kirchner. La persecución contra la ex mandataria está llegando a límites de un delito judicial, ya que no le permiten contar con la pensión de su esposo que falleció en 2010.

La familia Kirchner salió este martes al cruce de una nueva ofensiva mediático-judicial en la que se le atribuye a Máximo y Florencia Kirchner una supuesta maniobra para eludir los embargos e inhibiciones dictados por los jueces Claudio Bonadio y Julián Ercolini. Ambos Los hijos de la ex presidenta registraron el Condominio Máximo y Florencia Kirchner en la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es decir hicieron una inscripción oficial, con sus propios nombres, lo que sería una manera muy curiosa de esconder o eludir algo, señala el periodista Raúl Kollman en Página 12.

Esta medida judicial se encuentra apelada, toda vez que no existe fundamento alguno que la justifique y, a su vez, vulnera tres sentencias judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada que demuestran la licitud del origen de los bienes que ahora, insólitamente, pretende ser cuestionada, añade Kollman

Escándalo de último momento

Macri decidió la noche de este miércoles condonar a las empresas de su familia y en especial a su padre Franco Macri , una deuda millonaria con el Estado, ya que compraron el correo argentino en 1997 y nunca habían pagado nada al Estado.

Son más de 70 mil millones de pesos que el mandatario Macri condonó a su padre de esta deuda. .

Según los cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, la propuesta significa lo siguiente: una quita en la deuda de 70 mil 163 millones de pesos, 98.82 por ciento sobre el total de la deuda. Es decir, que los Macri sólo pagarán 1.18 por ciento de la deuda que tenían con el Estado.

La fiscal Graciela Bosquín rechazó esta propuesta del presidente, en lo que se transformó en un escándalo de último momento en este miércoles.