Los conflictos por el desarrollo de proyectos que no cumplen la legislación ambiental y dañan el entorno ecológico continúan en Quintana Roo, a pesar de la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cuyas resoluciones son ignoradas.

El caso más reciente se dio en Cancún, donde continuaron los trabajos de la marina Chac Chi, ubicada en la zona hotelera, a pesar de contar con orden de clausura total de la Profepa, por lo que ésta anunció que presentará una denuncia penal contra los responsables del desarrollo.

La clausura se impuso el 7 de diciembre, dado que el proyecto carecía de la autorización de impacto ambiental para la construcción de una alberca, restaurante, palapas, área de relleno y ampliación de un muelle, entre otras obras.

Quintana Roo ha reportado alto crecimiento poblacional y desarrollo de infraestructura, pues en el municipio de Benito Juárez, donde se localiza Cancún, el número de habitantes se incrementó de 36 mil en 1980 a 743 mil en 2015, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, en el estado se han perdido grandes extensiones de manglar, pues de 137 mil hectáreas que había en 1981, quedaban 128 mil (9 mil menos) en 2010. Sin embargo, en 2015 había 129 mil hectáreas. Asimismo, cuenta con mil 717 hectáreas de manglar perturbado, de acuerdo con el inventario más reciente de esta vegetación realizado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

Denuncian construcción de gasera en área protegida

Por otra parte, en Tulum, catalogada área natural protegida en la categoría de parque nacional, comenzó a desmontarse alrededor de una hectárea para construir una planta de almacenamiento y estación de gas LP en un predio ubicado rumbo a la planta de tratamiento de aguas residuales Bicentenario. Esto se realiza sin autorización ambiental federal, municipal o estatal, señalaron habitantes de la zona en una denuncia popular presentada el 16 de enero ante la Profepa.

De acuerdo con residentes de la zona, se talaron alrededor de 6 mil metros de vegetación, a pesar de que en agosto de 2016 las obras fueron clausuradas, pero los trabajos se reiniciaron en las semanas recientes. Los pobladores explicaron que en la región el uso de suelo autorizado es de industria ligera, es decir, de bajo impacto ambiental, lo cual no incluye proyectos como la gasera.

Sanción a hotel

Otro caso en Cancún es la sanción por 500 mil pesos que aplicó la Profepa al hotel ME Meliá, ya que tampoco tenía autorización o exención del estudio de impacto ambiental que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la construcción de dos edificios.

A fin de emprender las obras sin el citado estudio, la empresa presentó una licencia de construcción de agosto de 1987, y con el argumento de que sólo realizaría trabajos de demolición y remodelación de instalaciones, entregó una licencia de este tipo emitida en agosto de 2016. En el área de remodelación había albercas y restaurantes.