Los estados de Michoacán, Guerrero, México, Jalisco y Oaxaca son los principales expulsores de migrantes hacia la zona norte del país, a causa de la violencia y la inseguridad. Más de la mitad de esas personas, en el contexto del desplazamiento interno forzado, son mujeres que están al frente de un núcleo familiar.

De acuerdo con datos del seminario sobre Desplazamiento y migración internacional del Colegio de la Frontera Norte (Colef), junto con diversas organizaciones académicas y de atención a migrantes, la crisis de seguridad pública y de derechos humanos ha generado desde 2007, a raíz de la estrategia de seguridad del gobierno del ex mandatario Felipe Calderón y del presidente Enrique Peña Nieto, una creciente espiral de desplazamiento forzado, tanto transfronterizo como interno, que sólo en este último caso se estima, de manera conservadora, en unas 287 mil personas.

Resultado de la estrategia de seguridad llevada a cabo por el gobierno federal, en algunas entidades se agudizó el enfrentamiento no sólo entre bandas criminales, sino de éstas contra las fuerzas de seguridad federales, principalmente, lo cual generó, a su vez, un problema de desplazamiento interno.

Resultado de un trabajo de casi tres años, con la aplicación de encuestas y entrevistas en casas de atención a migrantes en Baja California, Sonora y Tamaulipas, organizaciones como la Coalición Pro Defensa del Migrante y la American Friends Service Committee, se ha identificado media docena de entidades como las principales expulsoras de personas por causas relacionadas con la violencia. Así, a los estados arriba mencionados se suman Colima, Guanajuato y Durango.

Las organizaciones han señalado que las principales causas de esa migración son: violencia indirecta, con víctimas de fuego cruzado, e directa, en la cual han sido blanco de extorsión, cobro de cuotas por derecho de piso o amenazas, asesinato de familiares cercanos, desaparición forzada, desalojo ilegal de campesinos por cárteles e incluso imposición de megaproyectos. En la mayoría de los casos, sin importar el nivel socioeconómico.

En el seminario del Colegio de la Frontera Norte se planteó la definición de desplazados internos: son las personas o grupos que se han visto forzados a huir de su hogar para evitar los efectos de un conflicto armado, violaciones a sus derechos humanos, catástrofes naturales, situaciones de violencia generalizada y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.

En los datos sobre las entidades con mayor índice de expulsión se identifica el municipio de donde provienen las personas en su desplazamiento forzado. Así, por ejemplo, en el caso de Michoacán, los municipios que aparecen con mayor frecuencia son: Aquila, Aguililla, Múgica, Apatzingán y Tepacaltepec, mientras en Guerrero son las comunidades de Chilapa, Leonardo Bravo, San Miguel Totolapan, Chilpancingo y Pungarabato.

Las organizaciones civiles y de derechos humanos, así como las académicas, lamentaron que hasta ahora sean ellas los únicos actores que han intentado visibilizar el fenómeno tratando de crear conciencia entre la comunidad, pero ello es insuficiente para conocerlo en su verdadera dimensión.