l sistema nacional de pensiones es una bomba de tiempo, con un tremendo impacto social y un creciente peso en las finanzas públicas, lo que no ha impedido que, a partir de 1997, los dueños de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) mantengan un multimillonario negocio particular a costillas de la miseria de millones de trabajadores.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en México existen 105 esquemas pensionarios (con una abismal disparidad entre sí), que van desde los destinados a la alta burocracia dorada, con elevadísimas percepciones, a los aplicables a trabajadores de salario mínimo, con un miserable ingreso garantizado, mientras todo aquel que sobreviva en la informalidad (una modalidad permitida y estimulada por el propio gobierno) no tiene posibilidad de hacer efectivo su derecho a obtener pensión. Y en este último caso están seis de cada diez mexicanos en edad y condición de laborar.

En este sentido, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados realizó un estudio temático (Pensiones y jubilaciones en México: situación actual, retos y perspectivas), del que se toman los siguientes pasajes. Va, pues.

Entre las razones por las que la cobertura del sistema mexicano de pensiones no ha evolucionado como debiera, sobresalen la pronunciada informalidad en el mercado de trabajo y la precaria situación económica de la población. Los niveles de cobertura son muy bajos, entre otras razones porque los mecanismos de pensiones dependen del desempeño de los mercados de trabajo formales. El problema reside en que si las empresas son informales o son formales pero mantienen relaciones informales con sus empleados, no serán socios adecuados del Estado para hacer cumplir la ley utilizando mecanismos obligatorios para garantizar una adecuada cobertura social de la población.

La informalidad en México ha cedido de manera marginal en los últimos años. No obstante, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, casi 30 millones de personas se encuentran en la informalidad. La creación de mecanismos como el Programa de Pensión para Adultos Mayores alivia un poco la situación económica de quienes no están cubiertos por alguno de los mecanismos de retiro; sin embargo, no es suficiente y su impacto en las finanzas públicas es elevado.

La ASF reportó que hasta 2013 se habían erogado 22 mil 555 millones de pesos destinados a 4.9 millones de personas adultas mayores de 65 años en adelante, que representaron 86 por ciento de los 5.7 millones de personas de este tipo de población que no recibe ingresos por jubilación o pensión de tipo contributiva. La situación del sistema de pensiones en México es compleja.

Un estudio realizado por el Grupo Financiero BBVA-Bancomer advierte que en México el empleo precario tiene el efecto más negativo sobre la probabilidad de ahorrar para la jubilación, de forma que en el caso de los trabajadores informales esta probabilidad se reduce en 23.6 por ciento en comparación con los trabajadores del sector formal; en el caso de los autónomos la reducción es de 19.6 por ciento en comparación con los trabajadores dependientes; y en el de los empleados de microempresas o pequeñas empresas es de -11.1 y -4.3 por ciento, respectivamente, en comparación con los trabajadores de empresas medianas y grandes.

Hasta 2015, por cada ocho trabajadores había un jubilado, pero en 2030 por cada cinco trabajadores habrá un jubilado. En 2015 el número de personas de 60 años y más fue de 10.5 millones; para 2050 el número de adultos mayores aumentará a 32.4 millones, según cifras del Consejo Nacional de Población. La situación de las Afore, que se han hecho cargo de los recursos de los trabajadores y pagan pensiones muy bajas, puede ser una advertencia para los países que, como México, han adoptado el modelo pensionario de Chile.

En septiembre de 2016 The New York Times publicó un reportaje titulado El sistema de pensiones de Chile, modelo de privatización para muchos, se desmorona, en el que da cuenta de los serios problemas por el que atraviesa el sistema de pensiones en aquella nación sudamericana. Los síntomas pueden resultar familiares a los mexicanos: mientras las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) en Chile han hecho un gran negocio, los pensionados reciben una cantidad promedio de 45 por ciento de su último salario, luego de una reforma impulsada en 2008 en la que el Estado garantiza una pensión mínima, insuficiente para la subsistencia. No obstante, las AFP culpan a la falta de ahorro voluntario de los trabajadores.

Entre otras medidas para salir de la crisis que ya se vive en aquella nación, se propone crear una administradora de pensiones estatal, elevar la edad de jubilación, instituir una contribución de 5 por ciento pagado por los empleadores y fortalecer regulaciones de las administradoras de fondos de pensiones. Si bien el sistema Afore en México no es una calca exacta del modelo chileno, éste si fue patrón para su concepción, de ahí que valga la pena prestar atención al desenlace que tendrá la crisis en la que se encuentra el mecanismo de retiro en Chile.

La calificadora HR Ratings considera que los sistemas estatales de pensiones continuarán siendo un reto importante dentro de la calidad crediticia de los estados mexicanos. En su reporte de diciembre de 2015 la calificadora resalta que ya ese año tres entidades, Chihuahua, Nuevo León y Chiapas, tenían sus sistemas agotados, es decir, que su situación financiera era insostenible. Otras cinco entidades verán agotar sus fondos para pensiones a más tardar en 2025: Baja California Sur, Coahuila, Michoacán, Oaxaca y Yucatán. En tanto Campeche, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora tienen fondeados sus sistemas de pensiones hasta 2030.

El diagnóstico de HR Ratings no coincide del todo con el presentado por Fitch Rating, que afirma que los estados con insuficiencia financiera menor a cinco años en el sostenimiento de sus sistemas de pensiones son Chiapas, Durango, estado de México, Oaxaca y Veracruz.

Las rebanadas del pastel

Que dice el inquilino de Los Pinos que al igual que hace un siglo, la Constitución debe ser nuestra brújula y nuestro faro. Bueno, pero primero hay que meter a la cárcel a los ladrones que se robaron la aguja imantada y la lámpara, porque sólo así los mexicanos recuperarán la orientación y la luz que guíe a la patria. Lo demás es puro rollo.

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