Buenos Aires.

Organismos de derechos humanos de Argentina rechazaron la candidatura como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de Carlos Horacio de Casas, quien es abogado defensor de un imputado por causas de lesa humanidad, y advirtieron que la vinculación de éste al derecho penal empresarial, financiero y tributario que nada tiene que ver con la labor de promoción y protección de los derechos humanos en el continente.

El candidato propuesto por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, que encabeza Claudio Avruj carece de trayectoria en la defensa de los derechos humanos en nuestro país, siendo su única actuación en el proceso de memoria, verdad y justicia la defensa particular del represor mendocino Enrique Blas Gómez Saa, quien en la actualidad se encuentra impune por causas biológicas, señala el comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo y Madres Línea Fundadora, el Centro de Estudios Lgelas y Sociales , entre otros.

Solicitaron que se retire la propuesta y se designe a un candidato idóneo considerando que la CIDH debe estar integrada por personas de extensa trayectoria y reconocida idoneidad en la materia .

Gómez Saa, ex subjefe de inteligencia de la VIII Brigada de Infantería de Montaña durante la dictadura (1976-1983), está imputado por los secuestros y tormentos de Roberto Vélez, Oscar Guidone y Martín Lecea, quienes fueron llevados a esa unidad militar, y consideran los organismos que esta es una muestra más de la total indiferencia (del gobierno), desinterés y desconocimiento de la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro país y nuestro continente.

Un grupo de abogados que investigan crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura han solicitado a la CIDH que los reciba en marzo próximo para informar que advierten serios obstáculos para continuar con el proceso de memoria, verdad y justicia durante el último año, entre los que señalan la grave disminución del apoyo estatal, los ataques constantes ante el Ministerio Público Fiscal, la lentitud en los procesos judiciales el regreso de la teoría de los dos demonios y de la ideología negacionista al Ejecutivo, lo que consideran que es como haber retrocedido 25 años, como definió Adriana Taboada, de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte y de la Red Nacional de Abogados y Abogadas de Causas de Lesa Humanidad, una de las organizaciones que firman el petitorio.

Los organismos denuncian el cierre de dependencias de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos en algunos puntos del país, la reducción de recursos para el Programa Verdad y Justicia, despidos en áreas relacionadas con este proceso. Además se denuncia que el Ejecutivo actuó sobre todas las áreas que producían pruebas necesarias para los juicios desmanteló en el Banco Central el área que podía proveer información valiosísima para juzgar la complicidad económica en los delitos de lesa humanidad y hay rumores de que se busca destruir la documentación ya elaborada .

Por su parte, Amnistía Internacional Argentina (AI), 2016 redactó un documento donde señala que el año pasado no fue un buen año en materia de derechos humanos a nivel mundial y, en ese análisis, Argentina no quedó excluida. Violencia de género, criminalización de los derechos sexuales y reproductivos, obstaculización al acceso al aborto legal, pueblos originarios excluidos; propuestas regresivas en materia de protesta social y respecto a la población migrante; creciente criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos; falta de investigación sobre hechos de tortura; la falta del esclarecimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita-Argentina, entre otros, son los temas que afectan la promoción y protección de los derechos humanos y sobre los que el organismo internacional elaboró una agenda de trabajo que presentó al secretario de Derechos Humanos.

Se destacan las situaciones de persistente menoscabo de los derechos de esas personas que, entiende son resultado de la inercia de ciertas prácticas institucionales y administrativas que no se ajustan a la letra ni al espíritu de la normativa existente.

El año 2016 alarmó especialmente al organismo ya que se duplicó el número de las disposiciones de expulsión de personas inmigrante, existen graves temas de exclusión entre ellas a pueblos indígenas, mujeres y a una larga lista de problemas desaparecidos de la agenda gubernamental y destacan que jueces .

AI también se refiere a jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes en temas graves como asesinatos impunes; industrias extractivas que vulneran derechos; la falta de reconocimiento del territorio; desalojos violentos; criminalización; falta de acceso a derechos básicos como la salud, alimentación, vivienda, agua; muertes evitables y otros como la tortura.

Fernández de Kirchner reitera denuncias de persecución

Por otra parte, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció la utilización política que hace el gobierno y los jueces de sus citaciones en diversas causas montadas contra ella, su familia y ex funcionarios, para encubrir los desastres del gobierno de su sucesor, el derechista Mauricio Macri.

Recordó que fue citada y sus dos hijos también el próximo 7 de marzo, el mismo día de la movilización de la Confederación General del Trabajo y hace un resumen de cómo cada citación judicial coincide con la aparición de algún escándalo que compromete al gobierno o cuando anuncian aumentos de tarifas, despidos (la Confederación General del Trabajo denunció 400 mil) o fuertes movimientos sociales de rechazo a todo esto, para desviar la atención, en complicidad con los poderosos medios masivos de comunicación que responden al gobierno, y que incluso ocultan estos movimientos de protesta.

En estos momentos a las denuncias de corrupción o abuso del poder y las causas instaladas por los denunciantes contra el mandatario y sus funcionarios se suma una demanda de una investigación sobre el dinero público gastado por la canciller Susana Malcorra, cuando viajaba a diversos lugares del mundo, en momentos en que estaba en plena campaña para tratar de ocupar la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas.

El fiscal federal Patricio Evers imputó a la canciller por haber utilizado más de un millón 300 mil pesos de fondos públicos argentinos en estos gastos, y el abogado Denis Pitté Flechter presentó la denuncia ante la juez federal María Servini de Cubría por los delitos de peculado de servicios y malversación de caudales públicos.