La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) presentó una demanda por daño moral contra el consorcio Rivada Network SRL, empresa descalificada en 2016 de la licitación para desarrollar y operar la Red Compartida, así como en contra del presidente de la firma, Declan Ganley,

La demanda fue presentada ante el Poder Judicial de la Federación y representa un hecho inédito para una dependencia del gobierno federal, anunció este domingo la SCT.

Detalló que la demanda es una respuesta a la campaña de desprestigio que Rivada y su presidente iniciaron, después de su legal descalificación en el concurso de la Red Compartida. Esta campaña de descrédito afecta el decoro, el prestigio y la reputación de la secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de acuerdo con información de la Procuraduría General de la República, abogado del gobierno federal, es la primera que por daño moral presenta una dependencia federal.

Según la SCT, la finalidad de la demanda es que el juez de distrito ordene cesar la campaña de desprestigio; que Rivada pague una importante indemnización por su conducta, que deberá ser determinada por un juez de distrito, y que el juez obligue a Rivada a publicar en los medios de comunicación y redes sociales la aclaración por comentarios falsos e insidiosos.

La dependencia prevé obtener un resultado favorable de la demanda porque tiene la certeza de que el recurso está fundamentado en la ley y conforme los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Rivada Networks acusó que Grupo Altán, la firma competidora y ganadora de la licitación para la Red Compartida, utilizó información confidencial de la SCT para elaborar su propuesta.

El mes pasado denunció que una de las irregularidades más preocupantes en el proceso de licitación de la Red Compartida es la aprobación como participante que otorgó el Instituto Federal de Telecomunicaciones a China Mexico Fund LP, dentro de Consorcio Altán, que resultó la firma ganadora del concurso.

Aseguró que China México Fund LP está compuesta por fondos de bancos propiedad del gobierno chino, es decir, China Investment Corporation y China Development Bank, este último, por medio de su subsidiaria China Development Bank Capital.

Desde noviembre pasado la SCT comenzó a analizar la posibilidad de demandar a Rivada por las acusaciones lanzadas en contra de su descalificación y del proceso de licitación.

Un mes después, la dependencia federal anunció la contratación de la firma estadunidense Jones Day para emprender las acciones legales en contra de Rivada Networks.