Las aspiraciones sociales y de justicia que los constitucionalistas revolucionarios pusieron hace cien años en la Constitución de 1917 siguen siendo una utopía para la mayoría de los mexicanos. Ocho de cada 10 consideran que hoy del texto constitucional se cumple poco o nada.

Para 60 por ciento de los mexicanos la Constitución ya no responde a las necesidades del país, de acuerdo con la tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, hecha por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

Cuatro de cada 10 opinan que para darle vigencia al texto habría que reformarlo, pero para la mitad de los encuestados sólo hay una opción: convocar a un nuevo constituyente. Pero algunos especialistas consultados por La Jornada ven en la idea de una nueva Carta Magna un proyecto poco viable y arriesgado.

“Bien que mal –dice Elisur Arteaga, constitucionalista del departamento de derecho de la UAM–, la Constitución de 1917 garantiza ciertos intereses de las clases desprotegidas y en el intento de hacer una nueva se corre el riesgo de que se pierdan”. Más que convocar a un nuevo constituyente, piensa que habría que hacer un intento honesto por aplicar la Constitución, cosa que, considera, nunca se ha hecho.

Diego Valadés, del IIJ, esgrime dos argumentos contra una nueva Constitución: primero, que todo lo que se ha propuesto innovar cabría en la actual como reformas, y segundo, que no habría forma de garantizar que llegaran al nuevo texto principios que están en la de 1917, como los relacionados con educación, salud, el estado laico o el derecho patrimonial, electoral y fiscal.

La propuesta del académico es optimizar la ley fundamental vigente. En el IIJ tienen listo el texto constitucional resultado de una revisión técnica que busca hacerlo más claro y ordenado, porque el actual, después de 695 cambios a 114 artículos, es de los más desordenados, complejos y largos del mundo. El artículo 41, por ejemplo, es del mismo tamaño que la Constitución de Estados Unidos.

La idea es que, sin suprimir normas ni alterar los acuerdos políticos que le dan sustento al texto, de mil 519 párrafos vigentes, queden mil 255, lo que reduciría el contenido en 17.5 por ciento. El volúmen sería complementado con una ley de desarrollo constitucional, donde quedarían normas que hoy engrosan innecesariamente la Carta Magna.

“La Constitución –dice– tiene futuro si se reordena su texto para que sea más legible y accesible al ciudadano común.”

Pero, además del reordenamiento, los especialistas consideran que se requiere modernizar el sistema de gobierno del país, para lo cual habría que hacer cambios a la Constitución. “Porque hasta hoy –asegura Arteaga– nuestra ley fundamental se ha adaptado a las necesidades del grupo gobernante en turno”.

En pleno siglo XXI, agrega Valadés, aún tenemos un régimen en el que el gobierno es una sola persona: el Presidente de la República, como se lee en el artículo 80 de la Constitución. A estas alturas, eso es un arcaísmo.

Esta disposición constitucional se traduce en que no hay interacción entre el gobierno y el Congreso, una anomalía de la democracia. Veamos lo que pasa hoy en la calle: hay protestas por el tema de las gasolinas. Esto sucede porque no hubo debate previo a la decisión de aumentar sus precios, la decisión del gobierno no pasó por la valoración, la revisión y la opinión del Congreso.

Miguel Pérez López, constitucionalista de la UAM, dice que cuando empezaba su carrera era partidario de una nueva Constitución. Pero hoy, al valorar la realidad y que la sociedad no es la misma que hace 100 años, prefiero que la actual sea debidamente depurada, y no por un constituyente, sino por los legisladores.

Cree que el aniversario de la Carta Magna hubiera sido un buen momento para hacer este trabajo, pero desafortunadamente muchos políticos están pensando ya en 2018 y su futuro, no en el mejor cumplimiento de nuestra Constitución.