La Constitución de 1917 llega a su centenario con 229 reformas, que se traducen en 695 cambios a 114 de sus 136 artículos. Algunos especialistas consideran que del texto original –que tenía 21 mil palabras de extensión– apenas queda intacto entre 5 y 10 por ciento. Ahora es un volumen que tiene más de tres veces el tamaño del original.

Con tantos cambios, la discusión en torno a si se habla o no de la misma Constitución se vuelve inevitable. La cuestión es si estas modificaciones han sido sólo materiales o si se ha transformado el espíritu con el que los posrevolucionarios la promulgaron.

Hablamos de la misma, pero está invadida por otra, por una Constitución neoliberal, es la opinión de Alejandro del Palacio Díaz, profesor-investigador del departamento de derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Azcapotzalco.

Consideró que los cambios hechos a partir del sexenio de Miguel de la Madrid (1982-88) y hasta las últimas modificaciones en la administración del presidente Enrique Peña Nieto han transformado un Estado social, plasmado en el texto de 1917, en uno neoliberal.

En casi un siglo de reformas –la primera hecha en 1921–, el periodo en que más cambios se han introducido a la Carta Magna inicia en 1982 y continúa en la actualidad: casi dos tercios de las reformas (66.9 por ciento) y más de la mitad de los decretos (56.4 por ciento) son posteriores a ese año, de acuerdo con un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

La reforma educativa, la energética, la electoral, la del sistema de pensiones o la de los derechos humanos son algunas de las que se han registrado en este periodo.

Diego Valadés, investigador del IIJ y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, plantea que las enmiendas a veces han sido polémicas, pero esencialmente no contravienen el proyecto original de la Constitución. Valadés no advierte, con excepción de algunos matices, cambios que al proyecto social del 1917. Ni siquiera los veo en las reformas en materia energética de 2013.

Desde su punto de vista, la Constitución ha mantenido su trayectoria social. Lo que no se ha conservado es la trayectoria social de las políticas de Estado. Hay divergencia entre lo que el texto constitucional prevé y lo que la práctica ofrece, pero esto no depende de los enunciados constitucionales, sino de la organización política del Estado mexicano, que es francamente deficiente.

Los cambios a la lay fundamental han incluido asuntos como el control de la constitucionalidad de las leyes, la autonomía de gobierno y administración de los municipios, el sistema electoral y representativo (federal y local), los derechos y autonomía de los pueblos indígenas, la propiedad y justicia agraria, la transparencia y acceso a la información pública gubernamental, los sistemas de justicia penal y seguridad pública, las relaciones del Estado con las iglesias y las comunidades religiosas, y la explotación de recursos energéticos y empresas productivas del Estado.

Para Miguel Pérez López, constitucionalista de la UAM, hay un punto que ni los impulsores del modelo neoliberal se han atrevido a modificar en nuestra Constitución: el párrafo primero del artículo 27.

Ahí se establece que la propiedad de las tierras y las aguas del territorio mexicano corresponde originalmente a la nación, y que de ahí se deriva la propiedad privada. Esto significa que en México no aplica el modelo estadunidense de propiedad privada como derecho inherente a la persona. Los neoliberales que nos gobiernan saben que el día en que esto se modifique, México perderá su soberanía económica.

Una de las preocupaciones de estos especialistas es lo que Pérez López llama el desbordamiento en el número de reformas. “Hay enmiendas que uno se pregunta qué objetivo tienen. Hace poco se hizo una para cambiar el nombre de Coahuila y agregarle ‘De Zaragoza’. A la Constitución debería llegar sólo lo más importante, lo más trascendente para la vida de los mexicanos”.

Para hacer una reforma constitucional se requiere que el Congreso de la Unión, a través de cada una de sus dos Cámaras, apruebe el cambio con el voto de dos terceras partes de los representantes presentes, y que esto sea ratificado por los congresos de 16 estados.

Antes que proponer candados para evitar que se cambie la Carta Magna a la menor provocación, el académico llama la atención sobre que las reformas son la vía por la que evoluciona nuestra ley fundamental. Las sociedades cambian, y sus constituciones deben cambiar con ellas.

Valadés cree lo que se necesita es un modelo para que las reformas se hagan de una manera diferente. Ahora los cambios se hacen de manera muy detallada, lo que agranda innecesariamente el texto constitucional. Es necesario que las fuerzas políticas tengan confianza entre ellas y acepten que las reformas constitucionales se refieran sólo a generalidades, y que los aspectos específicos queden en las leyes.