a reciente visita a México del relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores en este renglón hizo que, de nueva cuenta surgiera un llamado de atención al Estado mexicano para hacer frente a la severa crisis de derechos humanos que padecemos en el país. Retomando lo que el relator mencionó, debemos decir que, efectivamente, la labor de defensa de los derechos humanos hoy, en México y en el mundo, se hace muy necesaria, urgente y vital para el desarrollo de democracias incluyentes, libres de odio y discriminación. Y que, ante la falta de cumplimiento de las obligaciones que tienen los estados en derechos humanos, el trabajo de personas y colectividades defensoras apremia a construir y fortalecer sociedades sin miseria ni miedo.

La visita oficial cobra también relevancia en medio de una creciente criminalización y persecución hacia defensores de derechos humanos, así como señalamientos contra organizaciones sociales, que incluyen descalificaciones y ataques por agentes del Estado. Quedó además documentada en esas agresiones la participación activa de actores no estatales, como empresas, el crimen organizado y algunos grupos religiosos hegemónicos, que son ahora considerados por el relator como partícipes en las violaciones a los derechos humanos de defensores. Es inadmisible e indignante que al inicio de la visita, Isidro Baldenegro, activista en la defensa de los bosques y de sus comunidades rarámuris, fuera asesinado, pues es una muestra más de las situaciones que se enfrentan en México cuando se participa en la defensa de bienes comunes, derechos inalienables y la misma dignidad.

El relator escuchó de viva voz los testimonios de alrededor de 800 defensores, y cabe resaltar que 60 por ciento fueron de mujeres comprometidas en labores de defensa de derechos humanos, lo que es relevante, ya que son ellas las que reciben los mayores impactos de las campañas permeadas de misoginia y sexismo en su contra.

Resaltó también el relator que durante su vista pudo constatar que entre los principales grupos de defensores afectados están aquellos que participan o se relacionan con pueblos indígenas y con la custodia de derechos sociales. Y quienes acompañan o son parte de colectivos LGBTI, defienden a migrantes o son informantes (whistleblowers), periodistas o familiares de personas desaparecidas. En esta visita fue casi inédita la reunión que sostuvo con religiosos o que participan en la defensa de derechos desde sus diferentes confesiones, quienes también enfrentan los ataques de agentes del Estado y se ven vulnerables frente a grupos religiosos hegemónicos y sus autoridades jerárquicas. En este abanico de testimonios, de entrevistas con funcionarios públicos, titulares de gobierno e instancias autónomas, el relator Michel Forst se hizo consciente de algunos aspectos que el Estado y la sociedad deben atender de manera inmediata en México. Como puede verse en el Informe de cierre de misión (https://goo.gl/f1QZ2q), el relator apremia al Estado mexicano a que la protección de defensoras y defensores de derechos humanos se dé bajo un enfoque integral, sistémico y participativo. Y en las primeras recomendaciones ahonda en la necesidad que tienen de contar con un reconocimiento público del Estado a la labor que hacen, al tiempo que se requiere que éste garantice investigaciones prontas e imparciales en casos en los que se afecta su integridad. Esto sería primordial en medio del clima de descalificaciones que padecen, pues sabemos incluso de campañas difamatorias que acusan a las y los defensores de, supuestamente, lucrar con las víctimas y desestabilizar al país. Recomienda asimismo evitar el uso del marco legal, sobre todo penal, para criminalizar o judicializar la acción de personas y grupos que se organizan para custodiar sus derechos y señala la urgencia de integrar la perspectiva de género en todas las políticas relacionadas con la protección de defensores y defensoras. Asimismo, el relator se dirige a los actores no estatales, particularmente a empresas y a grupos religiosos hegemónicos, a los que recomienda respetar los derechos de los defensores y abstenerse de realizar intimidaciones y ataques, ya sea directamente o mediante empresas privadas de seguridad. Pide expresamente abstenerse de estigmatizar a defensores religiosos de derechos humanos. Por el contrario, invita a las jerarquías a reconocer la importante labor de defensa que realizan motivados por su fe.

Se dirige también a la sociedad civil, y recomienda a las personas y organizaciones defensores asegurarse de ampliar sus capacidades de autoprotección y a que éstas sean accesibles, sobre todo a quienes están en mayor riesgo, así como a erradicar en los movimientos sociales la discriminación hacia las defensoras o los defensores LGBTI. La visita de Michel Forst fue ocasión para que las y los defensores de derechos humanos compartieran lo que ya están haciendo para fortalecerse en la garantía de los derechos humanos en México. Se cuenta, por ejemplo, con redes de apoyo y acompañamiento en casos en los que se considera que existe riesgo o ya se padecen ataques, así como con la conciencia e implementación de medidas de seguridad y autocuidado en las organizaciones, movimientos o comunidades que llevan a cabo defensa de derechos. Sabemos que el Estado es el principal responsable de velar por sus derechos, pero ante las omisiones o desvío de poder que lo caracteriza, son ellos quienes más se organizan y continúan luchando por un México y un mundo más digno y justo. Su actividad es clave en la construcción de un futuro prometedor para las generaciones presentes y futuras.