Xalapa, Ver.

Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública (SSP) en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, fue detenido ayer por enriquecimiento ilícito cuando llegaba al juzgado que se encuentra a un costado del penal Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, para presentarse a una audiencia ante el juez que lleva su caso.

En compañía de dos abogados y resguardado por elementos de seguridad privada, Bermúdez Zurita arribó a la sala dos de juicios orales, ubicada cerca del Centro de Readapatación Social (Cereso) Pacho Viejo.

El ex funcionario fue interceptado por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) cuando llegaba y ahí le notificaron de la orden de aprehensión, la cual fue solicitada por Ruffo Seechi Ordóñez, fiscal decimosegundo de la FGE especializado en hechos de corrupción cometidos por servidores públicos.

En la orden número 068/2017 Bermúdez Zurita es señalado por enriquecimiento ilícito, ante lo que el juez consideró la petición ajustada a derecho y libró dicha orden.

Custodiado por policías ministeriales, Bermúdez Zurita fue conducido al servicio médico de Pacho Viejo para certificar su estado de salud. Después se desahogó la audiencia que tenía programada para este viernes.

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares dijo que la aprehensión de Bermúdez Zurita es una clara manifestación de voluntad política por aplicar la ley y cambiar las cosas. El combate a la impunidad es lo que permite lograr más seguridad, destacó.

Tiene cinco residencias en Texas

Bermúdez Zurita renunció a la SSP el 4 de agosto pasado, tras darse a conocer que él y su esposa poseen cinco residencias, valuadas en 2.4 millones de dólares, en el complejo The Woodlands, según registros oficiales del estado de Texas.

En la acusación por presunto enriquecimiento ilícito también pesó la crítica de empresarios, académicos y defensores de derechos humanos por el fracaso de la política de seguridad pública en el estado.

Política fallida

Durante su gestión, de julio de 2011 a agosto de 2016, en Veracruz aumentaron las tasas de secuestro, extorsión, homicidios y desaparición forzada, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El trabajo de Bérmudez Zurita quedó en evidencia con la desaparición forzada de cinco jóvenes de Playa Vicente, en enero del 2016, en la que estuvieron implicados policías estatales adscritos al municipio de Tierra Blanca.

El régimen de Bermúdez se caracterizó por reprimir manifestaciones, como la del 22 de diciembre de 2015, cuando uniformados desalojaron a un grupo de pensionados de la calle Enríquez. El 14 de septiembre de 2014 dispersaron a golpes una protesta de maestros que repudiaban la reforma educativa, en Plaza Lerdo, en Xalapa.

19 periodistas asesinados

Además, en la administración de Duarte de Ochoa 19 periodistas fueron asesinados en la entidad; Bermúdez Zurita y sus elementos se distinguieron por un trato hostil hacia los representantes de la prensa.

En marzo de 2013 el mando policiaco acusó al fotoperiodista Félix Márquez –quien documentó la existencia de guardias comunitarias en el municipio de Tlalixcoyan– de alterar fotografías y amenazó con encarcelarlo.

El que debería estar detenido es él. Fue a sacar las fotos y paga a los ciudadanos para que rayen, pongan grafitis en la ciudad. Eso lo están haciendo en diferentes partes de la República, señaló Bermúdez en esa ocasión. Sin embargo, medios y organizaciones defensoras de la libertad de expresión constataron la autenticidad de las imágenes y decidieron sacar de Veracruz a Márquez por temor a represalias.

Pese a las voces que pidieron su destitución, Duarte de Ochoa lo respaldó. En varias ocasiones aseguró que gracias a su trabajo la incidencia delictiva en Veracruz era menor a la media nacional, y la policía del estado era una de las corporaciones más confiables del país.

La demanda del gobernador

En julio pasado, Yunes Linares, entonces gobernador electo, dijo que en torno de Bermúdez Zurita se tejió una red de 21 empresas en las que están involucrados sus hermanos y su madre, y con las cuales el gobierno había contratado servicios por 72 millones de pesos por concepto de pro- veedurías para la SSP.

Esa situación la denunció ante la FGE para que se investigara a compañías de turismo, transporte, aviación, comida, hoteles y seguridad, donde la familia del ex titular de la SSP era socia. De esa acusación derivó el procedimiento contra Bermúdez Zurita, y en noviembre del 2016 fue vinculado a proceso.

Según la información que circula a partir de su detención, Bermúdez Zurita podría ser trasladado al penal federal de Villa Aldama, en el municipio de Perote.